El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, afirmó que las únicas máquinas tragamonedas que operarían por la vía legal son aquellas que están en los casinos y las 25.000 que se legalizaron como parte de la nueva reforma contributiva.

El borrador del reglamento para la expedición, manejo y fiscalización de licencias para estas máquinas, presentado este mes en la Legislatura por la Compañía de Turismo (CTPR), define las nuevas como tragamonedas y como “máquinas de entretenimiento de adultos” a las que en la actualidad son ilegales porque no contienen los mecanismos o dispositivos para conectarse al sistema del Departamento de Hacienda.

De igual modo, se describe a las máquinas que operan en los casinos como “las que usan un elemento de azar en la determinación de premios, contienen alguna forma de actuación para iniciar el proceso de la apuesta y hacen uso de una metodología adecuada para la entrega de resultados determinados”.

Fuentes de la industria local citadas por el diario El Vocero aseguran que, tras revelarse el reglamento, existe el temor de que una vez entren en funciones las primeras 25.000 máquinas tragamonedas, sigan operando las restantes máquinas de entretenimiento de adultos bajo la ilegalidad. Sostienen, además, que no hay manera de interconectarlas al sistema del Departamento de Hacienda, que es la designada a recuperar las recaudaciones que produzcan.

Al ser consultado, Rivera Schatz señaló que “la ley es clarísima, clarísima. Habrá máquinas tragamonedas en los casinos y las que se incluyeron en la reforma contributiva. Fuera de esos parámetros no habrá otras máquinas. Máquina que no cumpla con los requisitos de esa ley está operando ilegalmente”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, señaló que Hacienda debería comenzar a conectar las máquinas que tienen licencia o marbete. “La idea era legalizarlas y legalizar los premios que ahora mismo nadie ni el gobierno tiene control de esos premios que se dan en efectivo”, expresó. “Si no le ponen los dispositivos y lo que es necesario me parece que entonces sí las máquinas se convierten en ilegales. Tiene que haber una inversión de parte de los dueños de preparar sus máquinas, eso sí”, añadió Padilla.

La reforma contributiva limita a 250 tragamonedas por operador, pero mantiene la cantidad de 25.000 máquinas que se legalizarán en su fase inicial. A mediano o largo plazo, se habilitarán un total de 45.000 tragamonedas. El Ejecutivo había proyectado que una partida de los ingresos por recaudación de las tragamonedas se derivarán al fondo general, y otra parte—hasta un 50 por ciento— irá al fideicomiso de policías. La Junta Federal de Control Fiscal se opuso a la legalización de estas máquinas y enviará sus recomendaciones para el reglamento.