El gremio del juego catalán Grecojoc ha asegurado que la medida aprobaba por el Ayuntamiento de Barcelona es «reiterativa y carente de efectos prácticos, además de ser injusta y dar a este sector un inmerecido trato que para nada se corresponde con la realidad».
Y ha añadido que “no hay proliferación de establecimientos de juego presencial en Catalunya ni en Barcelona, habida cuenta de que todo el sector del juego presencial catalán se encuentra contingentado y, por tanto, limitado por la normativa vigente de la Generalitat de Catalunya”.
Grecojoc añade que, desde hace casi 15 años, la política de planificación y control de juego de la Generalitat
establece una limitación del número máximo de establecimientos de juego presencial (salones de juego, bingos y casinos), con lo que no es posible que se produzca un aumento de las licencias máximas autorizables.
Por eso considera que el Ayuntamiento «parece ser desconocedor de la vigente normativa catalana que ya establece un régimen de distancias mínimas entre establecimientos de juego y otros edificios y dependencias (centros docentes, hospitales, etc…); una normativa que, en la actualidad, es reconocida en el sector como la más restrictiva de todo el estado español».
Asimismo, el colectivo ha rechazado «cualquier alarmismo» por parte del Ayuntamiento de Barcelona que «da a entender la existencia de un problema con el juego presencial en la ciudad, cosa que negamos rotundamente». Y estima que esa actitud se debe, posiblemente, a un “efecto contagio” que se produce a raíz de lo sucedido en otras Comunidades Autónomas, como la Comunidad de Madrid por ejemplo, donde, aseguran, «la planificación del juego presencial ha brillado por su ausencia hasta hace pocos meses».
Grecojoc insiste en que, mientras que en Madrid hay unos 400 establecimientos de juego presencial, en Barcelona existen apenas 53. Y afirman que «Barcelona es por tanto, desde toda la vida, una de las ciudades de España con más control del juego y menos locales de juego por habitante».
Por eso consideran que «rotundamente no es justificable esta medida». Y la entienden «en clave electoralista y populista. Y concluyen afirmando que, «a la práctica, carece de virtualidad y/o impacto en la prevención de las adicciones sociales y la protección de los colectivos más desfavorecidos con los que Grecojoc colabora y empatiza de manera expresa desde hace muchos años».