Brasil ha creado un Grupo de Trabajo Interministerial (GT) sobre salud mental y prevención y reducción de daños por juego problemático. La medida, formalizada por la Ordenanza Interministerial nº 37, de 6 de diciembre de 2024, fue complementada por la Ordenanza MF nº 153, de 21 de febrero de 2025, que designó a los miembros del grupo.

El grupo de trabajo estará integrado por 16 representantes, divididos equitativamente entre los Ministerios de Finanzas, Salud y Deportes, además de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (Secom). 

La coordinación será compartida entre representantes de los cuatro organismos involucrados, mientras que la secretaría ejecutiva estará a cargo de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas (SPA-MF).

Desde la legalización de las apuestas con cuotas fijas en 2018, la falta de una regulación clara ha permitido que el mercado se expanda sin una supervisión adecuada. Esto generó impactos negativos, como exponer a los jugadores a prácticas abusivas y aumentar los casos de adicción. 

El GT tiene como objetivo principal formular y planificar acciones de prevención, reducción de daños y asistencia a personas en situación de conducta problemática de juego persistente.

La iniciativa incluye la creación de un plan de acción para la prevención de la ludopatía y la salud mental, que incluye campañas educativas, pautas de sensibilización de los jugadores, parámetros de identificación de riesgos y colaboración con entidades públicas y privadas.

Las actividades del grupo de trabajo tendrán una duración inicial de 60 días y podrán prorrogarse por el mismo período. El cronograma prevé cuatro fases: definición del alcance y prioridades, estructuración de canales de atención de emergencia, desarrollo de metodologías para identificación de jugadores vulnerables y formulación de protocolos de atención en los servicios de salud.

El grupo podrá reexaminar las acciones administrativas y las políticas públicas y hacer sugerencias de acciones regulatorias, o cualquier otra medida para reducir el daño y abordar el problema, tomando en cuenta las competencias de cada ministerio que se consideren pertinentes.