La incautación de máquinas irregulares realizada por la Policía Militar de Paraná el pasado 8 de febrero en Londrina reaviva la alerta sobre los riesgos legales y reputacionales de permitir el juego ilegal.

La acción tuvo lugar alrededor de las 17:35, después de que el equipo policial recibiera una llamada del Centro de Operaciones con información sobre la posible existencia de equipos ilegales en el establecimiento. Justo en la entrada, en un lugar visible para el público, se encontraron dos máquinas con pegatinas que hacían referencia a la Lotería del Estado de Paraná (Lottopar).

En la operación se detectaron otras máquinas en el almacén, donde se encontraron dos equipos más, sin autorización y apagados en el momento de la inspección. Las cuatro máquinas fueron incautadas y enviadas a la comisaría de la Policía Militar. 

Los propietarios del establecimiento fueron notificados y se les presentó un Informe Sumario de Delito (TCIP), además de recibir orientación sobre los procedimientos legales aplicables.

Un operativo policial similar tuvo lugar a finales de enero, cuando agentes de la policía militar de la 2.ª Compañía del 25.º BPM, en Iporã, también incautaron máquinas ilegales y llevaron al responsable a comisaría. El propietario del establecimiento ya había firmado un acuerdo con el Ministerio Público, comprometiéndose a no ofrecer máquinas ilegales en su negocio.

La legislación brasileña prevé la incautación de equipos, la responsabilidad penal y otras sanciones, independientemente de si el juego pertenece a terceros o simplemente se encuentra en fase de prueba en el establecimiento. 

Más allá del aspecto legal, existe un impacto directo en la reputación del negocio. Los establecimientos asociados con prácticas ilegales pierden credibilidad ante clientes, proveedores y socios comerciales, lo que compromete la confianza construida a lo largo del tiempo.

Las denuncias se pueden realizar de forma anónima llamando al 181 o a través del sitio web Disque-Denúncia (www.denuncia181.pr.gov.br), contribuyendo a la labor de las fuerzas del orden y a la protección del comercio legal, de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.