La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) emitió un comunicado en el que impugna las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a favor de prohibir o restringir las apuestas de cuotas fijas en Brasil
Según la organización, restringir el mercado legalizado podría tener el efecto contrario al deseado: empujar a los apostadores, especialmente a los más vulnerables, hacia plataformas clandestinas donde el Estado no tiene capacidad para supervisarlos ni protegerlos, tal y como recoge el portal brasiñeño BNLData..
El argumento central de la ANJL cuestiona la veracidad de las declaraciones presidenciales. Según el comunicado, el relato presentado a Lula se refiere a experiencias previas a la regulación de las apuestas de cuotas fijas, sin aclarar si estas apuestas se realizaron con empresas autorizadas o en operaciones ilegales. La asociación considera metodológicamente inadecuado utilizar este tipo de experiencia para justificar las restricciones al mercado regulado que existe actualmente.
La esencia de la postura de ANJL radica en lo que la organización denomina la paradoja de una posible política de prohibición. El razonamiento parte de una premisa: un consumidor que desea apostar no necesariamente deja de hacerlo solo porque el mercado legal haya sido cerrado.
A partir de ahí, la asociación describe dos riesgos interconectados. El primero es la migración de la demanda al mercado ilegal, donde no existe identificación del jugador, mecanismos de juego responsable ni instrumentos para prevenir el endeudamiento. El segundo es el fortalecimiento económico de organizaciones que operan al margen de la ley, beneficiándose del debilitamiento del mercado legal sin que se elimine la demanda.
«Una política diseñada para proteger a los más vulnerables puede acabar privándolos de la posibilidad de invertir en entornos legalizados y regulados, sujetos a mecanismos de protección, empujando esa misma demanda hacia el mercado ilegal», afirma el comunicado.
En contraposición a la restricción, ANJL aboga por lo que describe como el enfoque opuesto: mayor supervisión, mecanismos de control reforzados y una lucha eficaz contra el mercado ilegal. Para la organización, el problema no radica en la existencia de un mercado regulado, sino en lo que sucede cuando la actividad escapa a la regulación.