Para justificar el coste fiscal de una posible prohibición del juego online, el Ministerio de Planificación de Brasil ha recurrido a una maniobra contable: hacer pasar por pérdida total lo que solo es una fracción de los ingresos fiscales del sector
En declaraciones recientes a Valor recogidas por BNLData, el ministro Bruno Moretti situó en 5.300 millones de reales el impacto presupuestario para 2027. Sin embargo, esa partida corresponde de forma exclusiva a la cuota del 13% (que subirá al 14% en 2027) que se reparte entre los organismos beneficiarios designados por ley como Turismo, Deporte o el Fondo de Seguridad Pública. En la práctica, el gobierno no absorberá el impacto; simplemente recortará las transferencias a estos servicios esenciales.
El problema de este cálculo es que omite dos tercios de la recaudación total. En 2025, primer año de regulación, la industria aportó a la economía pública 14.450 millones de reales. Con el ritmo registrado en 2026, la prohibición destruirá unos ingresos anuales cercanos a los 14.600 millones. Al presentar solo la pérdida de las partidas destinadas a los beneficiarios, el gobierno admite apenas el 31% del daño fiscal efectivo.