La propuesta impulsada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, incluye el bloqueo permanente de plataformas ilícitas, multas millonarias y la tipificación de sanciones para quienes promocionen o financien estas redes

La ofensiva contra el mercado no regulado del juego en línea suma un nuevo hito legislativo en Chile. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha presentado una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas digitales, con la que busca imponer penas de hasta 15 años de prisión efectiva para quienes promuevan u operen casas de apuestas ilegales.

La iniciativa plantea una reestructuración profunda en la persecución penal de esta actividad. El objetivo central, según se ha informado, radica en «impedir la expansión del mercado ilegal, proteger a las familias y cerrar los espacios digitales que puedan ser aprovechados por el crimen organizado».

Vías judiciales de bloqueo y sanciones económicas

El texto normativo contempla un abanico de medidas coercitivas que endurecen significativamente las consecuencias para los infractores:

  • Sanciones penales y pecuniarias: Presidio de hasta 15 años en casos con circunstancias agravantes, multas que alcanzan las 10.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la fijación de responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas.
  • Agravantes específicas: Se tipifica explícitamente el uso de identidades falsas o la creación de estructuras societarias ficticias orientadas a ocultar a los beneficiarios finales del negocio.
  • Bloqueos digitales dinámicos: La creación de un procedimiento judicial expedito para el bloqueo permanente de portales web, aplicaciones y canales de difusión. Asimismo, se incorporan mecanismos flexibles para extender de forma inmediata las restricciones a nuevos dominios desarrollados para eludir las órdenes judiciales iniciales.
  • Fiscalización del ecosistema financiero: Restricciones operativas sobre pasarelas de pago y sanciones penales específicas para los actores que financien o promocionen comercialmente estas plataformas a sabiendas de su naturaleza ilícita.

«El Estado debe actuar sobre toda la estructura del negocio, no solamente sobre su fachada digital», subrayó la senadora Paulina Núñez, haciendo hincapié en la urgencia de cortar el flujo económico que alimenta a estas organizaciones.

Protección al usuario y mitigación de riesgos

Junto con el eje punitivo, la indicación incorpora salvaguardas orientadas a la salud pública y la protección de poblaciones vulnerables. Entre ellas, destaca la prohibición tajante del acceso a menores de edad mediante la obligatoriedad de sistemas avanzados de verificación de identidad.

Del mismo modo, el proyecto establece herramientas preventivas frente a la ludopatía, como la fijación de límites voluntarios de depósito y la implementación de mecanismos formales de autoexclusión.