La prestigiosa publicación británica abordó el impacto económico de la medida de Lula da Silva, los retos para combatir el mercado clandestino y las severas repercusiones para la industria deportiva, en pleno marco de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
La controversia se intensificó tras la promulgación de la Medida Provisional N° 1.394, norma que prohibió de forma drástica la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en todo el territorio nacional, abarcando tanto al sector deportivo como a los juegos en línea. La disposición ordenó además el cese de las operaciones y la restitución íntegra de los saldos depositados por los usuarios en las plataformas.
Un mercado en expansión repentinamente frenado
En su diagnóstico, el medio británico recordó el meteórico ascenso de la actividad: «Desde que fueron legalizadas por un Gobierno de derecha en 2018, las apuestas se dispararon en Brasil», posicionando al país en 2025 como el quinto mercado global de la industria.
Sin embargo, este crecimiento acelerado generó tensiones sociales y financieras. Según detalla The Economist, los apostadores brasileños llegaron a registrar pérdidas superiores a los USD 10.000 millones, un volumen de gasto que superó la suma combinada de lo desembolsado en tabaco y la cadena McDonald’s en el país. Si bien el sector aportaba a las arcas públicas una recaudación fiscal comparable a la de la agricultura, el descontento de la opinión pública terminó por volcar la balanza en su contra.
Impacto en el PIB, endeudamiento y vacíos analíticos
La publicación calificó la medida como un viraje radical tras años de expansión regulada y citó estimaciones del académico Guilherme Klein, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien calculó que el gasto en apuestas habría contraído el producto interno bruto (PIB) brasileño en un 1% el año anterior, cifra que el propio medio enmarca como una proyección individual y no como un consenso macroeconómico.
En el plano de la salud pública, el artículo citó un estudio académico de 2025 que asociaba conductas vinculadas al juego problemático con cerca del 7% de la población en Brasil, frente al 2% registrado en el Reino Unido, advirtiendo que dichos porcentajes varían según la metodología aplicada y la muestra analizada.
Resistencia de los clubes de fútbol y amenaza de judicialización
La entrada en vigor de la prohibición desató una ola de rechazo entre los actores comerciales clave. Múltiples clubes de fútbol profesional con contratos de patrocinio vigentes manifestaron su firme oposición a la norma, alertando sobre un severo menoscabo patrimonial para sus arcas.
Por su parte, los operadores del sector evalúan recurrir a los tribunales para exigir la devolución de unos USD 500 millones desembolsados en concepto de licencias y tasas de autorización. Paralelamente, voceros de la industria sostienen que el veto estatal no erradicará la demanda, sino que terminará fortaleciendo las redes del mercado ilegal.