Durante la última sesión ordinaria, el pleno de la Cámara alta aprobó una moción de preferencia, una maniobra reglamentaria destinada a forzar el debate urgente de la iniciativa y neutralizar el riesgo inminente de que pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre
La iniciativa, nacida de un dictamen de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) y sancionada con media sanción en la Cámara Baja en noviembre de 2024, permanecía bloqueada en comisiones senatoriales tras dos años de parálisis legislativa. Esta dilación había desatado una intensa presión pública por parte de organizaciones civiles, la Iglesia, entidades médicas y la comunidad educativa, alarmadas por el impacto de las plataformas digitales en menores de edad y sectores de alta vulnerabilidad.
Con la aprobación de la preferencia, la Cámara alta asume el mandato de dar tratamiento prioritario al expediente tanto en el plenario de comisiones como en un eventual temario de sesiones extraordinarias. El texto aborda tres ejes críticos para el ecosistema del juego y la salud pública:
- Blindaje publicitario y restricción de acceso: Impone restricciones severas sobre el patrocinio deportivo, la promoción en redes sociales y la pauta comercial de las plataformas, cortando los canales directos de captación dirigidos a niños y adolescentes.
- Salud mental y enfoque sociofamiliar: Establece protocolos nacionales de prevención, monitoreo y contención del juego compulsivo, trasladando la problemática desde el plano del comportamiento individual hacia una política sanitaria integral que involucra al entorno escolar y familiar.
- Certeza jurídica frente al mercado negro: Para la industria formal del juego online, la ley busca unificar criterios federales en un ecosistema fragmentado, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y combate contra los operadores ilegales no regulados.
La presión política de las próximas semanas determinará si la Cámara alta logra sancionar la normativa definitiva antes del cierre definitivo del calendario legislativo o si el vacío regulatorio federal continúa rigiendo el mercado digital en Argentina.