La Gambling Policy Commission (GPC) abre una evaluación exhaustiva de la Gambling Act de 2005 para dictaminar si el marco legal británico requiere una reforma integral ante los retos tecnológicos, fiscales y de canalización del mercado

El marco regulatorio del juego en el Reino Unido vuelve a situarse en el centro del debate legislativo. La recién constituida Gambling Policy Commission (GPC) ha puesto en marcha una revisión independiente de la histórica Gambling Act de 2005 con un objetivo de fondo: determinar si la normativa vigente responde aún a la fisonomía del mercado actual o si resulta imperativo acometer una nueva ley primaria.

Presidida por el economista Jagjit Chadha, profesor de la Universidad de Cambridge, la comisión nace con el encargo de radiografiar la transformación que ha experimentado la industria y el comportamiento del consumidor a lo largo de las últimas dos décadas. Fenómenos como la hegemonía del canal digital, el despliegue de la inteligencia artificial, la operativa con criptoactivos y la irrupción de nuevos formatos —entre ellos los mercados predictivos— plantean fricciones y desafíos que el texto aprobado hace veinte años no llegó a prever.

El mandato de la GPC, sin embargo, trasciende la mera adecuación tecnológica. El panel someterá a examen la eficacia real del último ciclo de reformas —en particular las medidas derivadas del Libro Blanco de 2023, muchas de las cuales continúan en plena fase de implementación— para evaluar si cuentan con el respaldo de evidencias empíricas concluyentes, si resultan proporcionadas y si han alcanzado los fines de protección proyectados.

La vertiente fiscal constituirá otro de los pilares del informe. La comisión analizará el impacto de la presión tributaria sobre operadores y usuarios, así como su encaje con cargas sectoriales como el gravamen obligatorio destinado a investigación, prevención y tratamiento de conductas de riesgo (RET). Todo ello ponderando el peso del juego en la economía nacional, un tejido que aportó 5.000 millones de libras al valor añadido bruto británico en 2024 y sostuvo cerca de 75.000 puestos de trabajo en 2025.

Bajo la lupa quedará igualmente el juego no autorizado. La GPC pretende cuantificar el volumen real del mercado negro, descifrar los incentivos que llevan a los consumidores a eludir la oferta regulada y medir la efectividad de los cortafuegos operativos, desde el bloqueo de pasarelas de pago y dominios hasta la corresponsabilidad exigible a buscadores, redes sociales y tiendas de aplicaciones.

El vínculo estructural entre apuestas y deporte —con especial foco en la industria hípica— también figura en la agenda. Entre las vías de estudio destaca la posibilidad de sustituir parte de la fiscalidad actual sobre las apuestas por un canon específico de retorno directo al deporte, una fórmula de hondo calado para las carreras de caballos, cuyo modelo económico depende estrechamente de la liquidez del sector.

Más allá de los ajustes paramétricos, la comisión abrirá debates de naturaleza estructural: desde la idoneidad de mantener el régimen general de licencias comerciales para ciertos verticales online hasta la conveniencia de explorar modelos con una intervención o reserva pública más acusada.

Pese a presentarse como un órgano estrictamente independiente de partidos, administraciones y operadores, el nacimiento de la GPC ha sido recibido con cautela y recelo por la industria. En su organigrama —integrado por economistas, académicos, juristas y representantes deportivos— no figura ningún directivo ni portavoz directo de las empresas del juego. Asimismo, la financiación inicial del organismo procede de Derek Webb, inversor y promotor de plataformas restrictivas como Gambling with Lives y Campaign to End Gambling Advertising, un origen patrimonial que sitúa el foco sobre la ponderación y el equilibrio de las evidencias que sustentarán el dictamen final.

La comisión ya ha habilitado el proceso de recepción de alegaciones y estudios técnicos para investigadores, operadores, reguladores y asociaciones civiles, cuyo plazo expirará el 12 de febrero de 2027. Tras una fase de deliberación y trabajo de campo que se prolongará durante todo ese ejercicio, el dictamen definitivo verá la luz en 2028.