El Ministerio de Hacienda de Brasil espera que las empresas brasileñas de apuestas deportivas generen R$ 37.000 millones en ingresos brutos en 2025, según datos publicados por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y el Ministerio de Hacienda en su web oficial.
Este monto representa el saldo entre las apuestas recibidas y los premios pagados, el GGR (ingresos brutos del juego). Es sobre este monto que recae la obligación de convertir el 12% en fondos legales. El valor total de los premios pagados a los apostadores no se reveló en el informe anual.
Además, hasta diciembre se recaudaron aproximadamente R$ 2.500 millones en tasas de autorización pagadas por los agentes operadores autorizados y R$ 95,5 millones en tasas de inspección, también pagadas por empresas del sector.
Mientras tanto, más de 217.000 brasileños solicitaron la autoexclusión de sitios de apuestas durante los primeros 40 días de funcionamiento de la Plataforma de Autoexclusión. Esta herramienta, lanzada por el gobierno en diciembre de 2025, permite a los usuarios bloquear simultáneamente todas sus cuentas en plataformas de apuestas.
El principal motivo citado por los apostadores para solicitar la autoexclusión fue la «pérdida de control sobre el juego (salud mental)», que representó el 37% de los casos. En segundo lugar, con el 25% de las solicitudes, se ubicó el motivo «Evitar que las plataformas de apuestas utilicen mis datos». La mayoría de las autoexclusiones (73%) se solicitaron por tiempo indefinido, mientras que el 19% de las solicitudes corresponden a autobloqueos por un período de un año.
Los sitios de apuestas autorizados ya estaban obligados a ofrecer a los ciudadanos mecanismos de autoexclusión en sus respectivos sitios web y aplicaciones (esta opción sigue disponible). Con el sistema del gobierno federal, disponible en línea desde el 12 de diciembre, las personas pueden solicitar voluntariamente, de una sola vez, el bloqueo del acceso a todas sus cuentas en sitios web de apuestas.
El sistema también proporciona información sobre los puntos de atención del Sistema Único de Salud (SUS) donde los ciudadanos pueden buscar ayuda para el tratamiento de la salud mental.
El informe presentado por el SPA revela que 25,2 millones de brasileños realizaron apuestas en las 79 empresas autorizadas para operar legalmente en el país durante 2025. Del total de apostadores, el 68,3% son hombres y el 31,7%, mujeres.
El grupo de edad con mayor concentración de usuarios es el de entre 31 y 40 años, con el 28,6% del total. Los apostadores de entre 18 y 24 años representan el 22,7%, el mismo porcentaje observado en el grupo de entre 25 y 30 años.
El sector de las apuestas generó 8.800 millones de reales en ingresos entre enero y noviembre de 2025, según datos de la Secretaría de Ingresos Federales. Además del impacto económico, la actividad generó 10.000 empleos directos y 5.500 indirectos en el país.
La Subsecretaría de Fiscalización y Fiscalización, vinculada a la Secretaría de Promoción del Deporte (SPA), registró el año pasado 132 casos que involucraban a 133 empresas de apuestas. De este total, 80 casos están en curso para la aplicación de sanciones. En un año de regulación de las apuestas de cuota fija en Brasil, la SPA registró el bloqueo de más de 25.000 sitios web ilegales, en colaboración con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
En colaboración con el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), la SPA concluyó 412 procesos de inspección de publicidad ilegal en redes sociales contra influencers digitales. Como resultado de estas acciones, se eliminaron 324 perfiles de influencers y 229 publicaciones.
El secretario de Premios y Apuestas, Regis Dudena, declaró que el gobierno planea intensificar la supervisión en 2026. «Desde su creación, la Secretaría ha experimentado una constante evolución. En 2024, estructuramos las reglas del mercado; en 2025, avanzamos en el monitoreo y la supervisión, además de trabajar intensamente para combatir las actividades ilegales. En 2026, estas actividades deben continuar y desarrollarse aún más para garantizar la protección de las personas y la economía popular», afirmó Dudena.