El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) alerta de que la creación del impuesto Cide-Bets, al aumentar sensiblemente la carga tributaria sobre un sector recientemente regulado, “tiende a producir efectos contrarios a los previstos por el legislador». 

Para esta asociación de operadores, el Cide-Bets corre el riesgo de convertirse, en la práctica, en una contribución que fortalezca el mercado ilegal, justo al contrario de su intención. “Al encarecer las operaciones legales, aumenta el atractivo de las plataformas clandestinas, fortaleciendo el mercado que pretende combatir y reduciendo la eficacia de la regulación recientemente implementada”.

El IBJR vuelve a mencionar un estudio de LCA Consultoria Econômica, que destaca las debilidades conceptuales y metodológicas de la propuesta. Según indican, al restar competitividad a las operaciones legales, la contribución adicional incentiva a los apostadores a migrar a sitios irregulares, reduce la canalización, debilita la recaudación fiscal y aumenta los riesgos para el consumidor.

Según LCA, el 51% del mercado brasileño de apuestas aún opera ilegalmente, lo que significa que más de la mitad del volumen apostado no se ve afectado por ningún mecanismo tributario. “La proyección de recaudar R$ 8.500 millones con la nueva contribución ignora esta realidad estructural y sobreestima los resultados potenciales”, dice el IBJR. 

Los operadores brasileños inciden en que el sector regulado ya contribuye significativamente: en 2025, se espera recaudar R$ 9.000 millones en impuestos federales y R$ 600 millones en impuestos municipales, además de la contribución del 12% sobre el GGR, que, en la práctica, ya cumple una función similar a la de un impuesto selectivo y destina recursos a áreas prioritarias, como la seguridad pública.

La experiencia internacional refuerza que las tasas impositivas excesivas reducen el atractivo del mercado regulado y debilitan la recaudación de ingresos, como ocurrió en los Países Bajos, según indican. Ponen como caso más reciente el de Colombia. En ese caso, el país implementó un IVA del 19% sobre los depósitos (equivalente a gravar el monto apostado), lo que resultó en una caída inmediata de más del 30% en los ingresos brutos en línea y la reducción de las transferencias al sistema de salud, el objetivo original de la medida.

En Brasil, donde la tasa de canalización se estima en tan solo el 49%, el IBJR ve un riesgo aún mayor. Y añaden que “es importante que el Senado evalúe el efecto inverso: una contribución creada para combatir el crimen organizado no puede terminar aumentando la ventaja competitiva de los operadores clandestinos”. 

“Una CIDE (Contribución para la Intervención en el Ámbito Económico) destinada a financiar la seguridad pública no puede, en su diseño, generar incentivos para el crecimiento de la informalidad, y es este equilibrio el que debe observarse. Penalizar al sector que opera dentro de la ley solo tiende a fortalecer la ilegalidad y comprometer los resultados esperados de las políticas públicas que se debaten en el Congreso”.