Carlos Lalanda (Loyra): “El color de los Gobiernos y ciertas presiones externas provocan cambios en las regulaciones”

8 febrero 2024 10:03 am GMT | Last updated: 8 febrero 2024 Carlos Lalanda (Loyra): “El color de los Gobiernos y ciertas presiones externas provocan cambios en las regulaciones”

Conversar con Carlos Lalanda de Loyra es hacerlo con el fundador de un despacho de abogados que acumula más de 40 años de experiencia en el sector del juego a nivel nacional e internacional.

En Gaming Intelligence, hemos querido aprovechar nuestra visita a sus oficinas en Madrid para repasar con él el momento que vive el juego presencial en España. Con la enorme particularidad que representa para el sector el que las Comunidades cuenten con las competencias del juego, desgranar sus claves supone todo un reto en un momento en el que los cambios de gobierno y otras cuestiones externas se hacen notar en las distintas regulaciones.

A nivel regulatorio, ¿qué rasgo define al juego presencial en España?

Lo más destacable del juego presencial en España tiene que ver con el hecho de que tenemos 17 Comunidades Autónomas (más dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla). Esto supone que hay 17 jurisdicciones distintas en materia de juego entre las que hay de todo. Hay comunidades que van por delante y otras van más retrasadas, pero siempre sobre líneas maestras a tener muy en cuenta. En cada sitio hay una línea argumental regulatoria, pero es cierto que pueden darse líneas comunes, que unos copien de otros…

Todo un reto para el despacho…

Pues sí. Toda esta situación nos obliga a estar al día de la organización y tendencias cada Comunidad para no perder de vista nada. Hay momentos en los que se dan cambios coincidentes en la materia y en el tiempo, otros en los que unas comunidades van más rápido que otras… Es un fenómeno muy curioso, pero la clave es que cada una sigue por su propio camino y agenda, al tratarse de competencias propias asumidas en sus Estatutos de Autonomía.

¿Podemos decir que cada Comunidad Autónoma va por donde quiere en cuanto al juego presencial?

En teoría, el juego está tan compartimentado que casi se podría decir que las Comunidades Autónomas son “soberanas” en esta materia. Yo siempre he dicho, poniendo como ejemplo a Cataluña, que si esta llegara a independizarse de España como pretenden algunos, la transcendencia en cuanto al juego sería ninguna, porque tiene asumidas todas las competencias, tanto de regulación del juego como la de tributación. En tal hipótesis solo tendrían que repensar qué hacer con los juegos y loterías de ámbito estatal (loterías nacionales, y juegos con licencia nacional, como los online). Así es como funciona en la práctica  el sistema en Cataluña y en todas las demás ahora mismo.

Esta “soberanía” de las Comunidades Autónomas (que no es tal, porque el Estado de las Autonomías que define la Constitución no proviene de una base “federal” como en los casos de Alemania, o USA, por ejemplo) lleva a que cada una de ellas pueda hacer lo que quiera en materia de regulación del juego en sus respectivos territorios. Es cierto que, en muchas ocasiones, toman decisiones en función de las situaciones que se dan en el día a día. Me refiero como ejemplo a las relativamente recientes campañas anti-juego que se han dado con mayor intensidad en unos lugares que en otros. El estado de opinión que se va conformando a través de los medios de comunicación y redes sociales tiene su influencia en el trabajo legislativo y regulatorio de cada Comunidad Autónoma. Estos factores influyen y mucho, del mismo modo que lo hace el partido gobernante en cada territorio y la ideología o ideario que tenga con respecto al juego.

¿Se observan líneas claras de actuación según el “color” del Gobierno de turno?

Hasta hace unos años, la ideología de los partidos no determinaba nítidamente su posición con respecto al juego.  Sin embargo, desde hace aproximadamente 5 años, esta cuestión se ha planteado de tal manera que han hecho surgir diferencias entre las Comunidades Autónomas gobernadas por unos u otros colores. En este momento se están empezando a notar cambios en las regulaciones, especialmente, en las referentes al juego presencial. Las conclusiones a las que llegamos es que en Comunidades en las que por la reciente consulta electoral se ha girado a un gobierno que identificamos como “derecha”, se están suavizado las excesivas restricciones que afectaban a este sector empresarial, alcanzado en algunas de ellas niveles preocupantes en cuanto a la seguridad jurídica y para el próximo futuro. El debate que se da alrededor del juego se está notando ya a nivel legislativo. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, o en la Rioja, ya ha habido modificaciones importantes en las últimas Leyes de Medidas para 2024.

En este sentido, en el despacho hemos participado e incluso elaborado estudios sobre todas las tendencias que se están produciendo. La conclusión que podemos enunciar es que los extremos se tocan, es decir, hay tantos anti-juego en la izquierda como en la derecha más extremas. Esto se da por diferentes motivos, luego tiene su influencia en las regulaciones.

¿Podría darnos algunas claves sobre las regulaciones en marcha en materia de juego presencial?

Hay algunas Comunidades Autónomas en las que no habrá grandes novedades, pero otras en las que sí se está trabajando o se han hecho modificaciones recientemente. Vamos a verlo caso a caso:

  • Galicia: hay una nueva ley del juego desde el año pasado, pero su compleja y larga tramitación, que duró casi seis años, ha dado paso a  extrañas interpretaciones. La antigua ley estaba funcionando bien, pero, por las presiones externas, se ha aprobado una nueva ley que no es la que esperaba el sector. Ya han aparecido conflictos que no se habían planteado hasta ahora, generando protestas empresariales, tienen que revisarse todos los reglamentos, estamos en un momento de evidente inseguridad.
  • La Rioja: también se publicó la ley con el gobierno anterior y el nuevo será el encargado de su desarrollo reglamentario. Ya se han adoptado modificaciones que han paliado, en parte, algunas de los excesos regulatorios.
  • Aragón: Se está moderando el mensaje regulador por el reciente cambio de gobierno, aunque todavía no se ha acordado nada. Está pendiente el desarrollo normativo reglamentario a partir de ahora.
  • Castilla La Mancha: la ley actual, de hace un par de años, es de raíz “antijuego”. Una lástima, porque La ley anterior que había era muy buena técnicamente a mi criterio, y fue modificada por el Gobierno de signo contrario, y en la práctica no se ha modificado casi nada. Aquello que decía Lampedusa: “todo tiene que cambiar para que nada cambie”. Un último ejemplo, de final de año: el Gobierno anunciaba que no se pueden instalar salones de juego (nuevos) allí en los próximos cuatro años, pero esto es algo que ya estaba regulado desde hace tiempo.
  • Cantabria: aquí no va a haber cambios a corto o medio plazo, la línea a seguir ya estaba prevista en el Gobierno anterior en el que participaba el actual partido que lo lidera.
  • Asturias: También se mantiene la línea anterior, por mantenerse el mismo Gobierno, que no pretendía ser en exceso “antijuego”. Así que los cambios que se produzcan deben ser escasos.
  • Madrid: no se esperan cambios porque no ha habido cambio en el Gobierno. Hay una norma pendiente respecto al uso de medios de pago como tarjetas de crédito en los salones de juego, pero por el momento está paralizada
  • Illes Balears. El cambio de color político del Gobierno aquí si se va a notar con mucha probabilidad, porque este era uno de los puntales de Gobiernos “antijuego”, que incluso llegó a una reciente modificación de la Ley del Juego. Por ahora no se han producido cambios normativos, pero sin duda los vamos a ver.
  • Castilla y León y Canarias: en ambos casos, están en trámite parlamentario las modificaciones de sus leyes de juego, en parte causadas por esas presiones mediáticas de las que hablaba antes. Llevan ya mucho tiempo con estas modificaciones, que verán la luz próximamente, porque los Gobiernos son del mismo o similar signo.
  • Ceuta y Melilla. En ambos casos, y aunque el juego presencial es muy reducido en las dos Ciudades Autónomas, el rebufo de la atracción y domiciliación en dichas ciudades de empresas del mercado de los juegos online, también ha influido para que se produzcan iniciativas modificadoras, sobre todo en Melilla que ahora lleva cierto retraso.  
  • Andalucía. No se prevén movimientos normativos importantes, a salvo de regular más intensamente algunas materias, p. ej. los controles de acceso a salones de juego.
  • Navarra Se ha modificado hace poco la Ley del Juego en algunas materias y está en elaboración un Reglamento General del Juego de carácter mastodóntico.
  • Extremadura. Con el cambio de Gobierno es de esperar que algunas regulaciones se modifiquen, aunque por ahora, el tema más importante que tienen encima de la mesa es el desarrollo del Proyecto Elisyum, un imaginativo supercomplejo de casinos, ya autorizado pero que, sin embargo, sigue estando sobre un papel, aún no ha comenzado a desarrollarse y está encontrando importantes trabas judiciales.

He dejado para el final la mención del País Vasco y Cataluña, que desde un principio quisieron mantener líneas normativas “diferenciadas”, que en general puede decirse que han abordado con perspectivas técnicas que buscan la eficacia y el pragmatismo, teniendo en cuenta todos los intereses en presencia.

  • Cataluña:  Se hanalcanzado en estos últimos años ciertos equilibrios en este sector normativo, no obstante, está en trámite una modificación puntual de su Ley de Juego, para reforzar algunos aspectos relacionados con las prohibiciones de jugar y oferta de juegos, con los accesos a los establecimientos de juego, y la publicidad del juego, materias muy imprecisamente reguladas hasta ahora.

Por otro lado, no acaba de despejarse la puesta en marcha de BCN World, que todavía requiere movimientos normativos, más bien a nivel urbanístico municipal.

  • País Vasco: Su regulación del juego siempre ha mantenido una intensidad técnica y pragmática importantes, abordando y respondiendo los problemas que se han presentado con iniciativas diferenciadas. En constante dialogo normativo con los intereses en presencia, siempre está encima de la mesa alguna modificación normativa, aunque las próximas serán de menor calado.