Braida es una consultora independiente española para el sector del juego. En esta sección, ofreceremos cada mes un análisis exclusivo sobre un asunto de actualidad en la industria en España y Latinoamérica. Bienvenidos a Las claves de Braida.

A pesar de las leyes y controles, Instagram, TikTok y otras plataformas siguen mostrando promociones de juegos no autorizados. Si algo define la presencia del juego online en redes sociales hoy en España, es la increíble visibilidad de promociones de plataformas no reguladas.

A pesar de que la DGOJ y otras autoridades han endurecido los controles en los últimos años, un rápido vistazo a las redes sociales muestra que la publicidad de juego ilegal sigue muy presente, a menudo a través de influencers y creadores de contenido populares. En este análisis, desde BRAIDA abordamos algunas de las cuestiones que definen esta problemática.

El reto parece situarse en la capacidad de vigilancia y ejecución en un entorno digital donde los contenidos se multiplican, se transforman y desaparecen con rapidez. La ley existe, pero su aplicación compite con un ecosistema diseñado para moverse más rápido que cualquier mecanismo tradicional de supervisión.

Publicidad de juego ilegal en España: lo que muestran las redes sociales

Un vistazo a Instagram, TikTok y otras plataformas revela que estos espacios se han convertido en vectores frecuentes de publicidad de juego ilegal: contenido promocional aparece en publicaciones y en menciones recurrentes por parte de creadores de contenido. Aunque no existe un informe público unificado que cuantifique este fenómeno para España, la persistencia de estas prácticas en redes sociales es evidente para cualquier usuario que navegue por estos canales, lo que subraya la necesidad de reflexionar sobre cómo se regula y supervisa este tipo de publicidad en entornos digitales.

El patrón es común, plataformas sin licencia buscan aproximarse a audiencias jóvenes mediante dinámicas de entretenimiento y cotidianidad, a menudo disimulando el componente de apuestas. El resultado es un escenario en el que la regulación existe, pero en redes sociales la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa para el usuario.

No estamos ante un problema solo cuantitativo, sino también cualitativo. En parte, porque no hay una presencia visible y sostenida de campañas públicas de concienciación sobre juego ilegal en los mismos canales donde este se promociona, ni tampoco una comunicación clara y continuada en otros espacios que ayude a diferenciar, de forma sencilla, entre juego legal y no autorizado.

A esta falta de referencias claras se suma otro fenómeno cada vez más habitual en redes sociales: la suplantación de operadores con licencia. Cuentas que utilizan nombres comerciales, logotipos e incluso una estética idéntica a la de marcas autorizadas promocionan plataformas no reguladas, creando un entorno en el que distinguir entre una oferta legítima y una fraudulenta resulta, en la práctica, imposible para muchos usuarios.

La visibilidad como herramienta regulatoria

En algunos mercados, la respuesta frente a la promoción de juego ilegal ha incorporado un elemento adicional: la visibilidad. 

En Argentina, por ejemplo, las autoridades actuaron contra creadores de contenido que promocionaban plataformas no autorizadas no solo mediante sanciones económicas, sino obligándolos a publicar advertencias explícitas y vídeos de concienciación, dirigidos a sus propios seguidores. De este modo, la sanción no se limita al infractor, sino que introduce un componente educativo que alcanza directamente al público.

La diferencia con el enfoque español es notable. En España, las actuaciones contra el juego ilegal rara vez tienen una traslación visible para el usuario final. En Argentina, la advertencia forma parte del propio castigo, generando un impacto comunicativo que alcanza a la audiencia. Dos maneras distintas de abordar el mismo problema, con resultados muy diferentes en términos de visibilidad.

Cuando la digitalización desafía la regulación

Uno de los principales retos en España tiene que ver con la propia naturaleza del entorno digital. La publicidad en redes sociales evoluciona de forma constante y adopta formatos cada vez más dinámicos, mientras que las herramientas regulatorias operan necesariamente con otros tiempos. Esta diferencia de ritmos dificulta que las medidas de supervisión, bloqueo o sanción tengan un impacto inmediato y perceptible en el espacio digital.

Además, el propio diseño del ecosistema digital contribuye a esa falta de claridad. La publicidad de juego en redes sociales se difunde a través de múltiples capas —plataformas, cuentas intermediarias, enlaces efímeros y contenidos patrocinados— que complican la trazabilidad del mensaje y diluyen la percepción de control. Para el usuario final, el resultado es un flujo constante de estímulos promocionales en el que las referencias legales desaparecen.

A ello se añade un factor menos visible pero no menos relevante: la exposición del usuario a riesgos en materia de datos personales y seguridad digital cuando accede a enlaces asociados a plataformas no autorizadas, un aspecto que rara vez forma parte del debate público.

La combinación de alcance masivo, formatos creativos de promoción y supervisión lenta convierte a Instagram, TikTok y otras plataformas en un espacio de exposición donde la regulación actual aún tropieza con su propia eficacia. 

Creo que el verdadero desafío reside en entender y gestionar un ecosistema digital que evoluciona más rápido que cualquier medida individual de control, y que plantea nuevas preguntas sobre cómo informar y proteger al jugador.

El ruido digital y sus consecuencias

Definitivamente, va siendo hora de ser conscientes de la magnitud del problema: no es la publicidad de operadores legales la que genera riesgos inmediatos, sino la publicidad de juego ilegal, que circula casi sin control en redes sociales, al margen de cualquier obligación de verificación, prevención o protección del jugador. 

Mientras, las prioridades regulatorias se centran en intentar la promoción legal, reforzar exigencias sobre el juego legal y en introducir nuevos ajustes operativos, alimentando un monstruo que se come las fichas de los jugadores —incluidos menores de edad— sin filtros ni responsabilidades. Cuando la intervención llega, en muchos casos, el daño ya está hecho, dejando claro que el verdadero riesgo no reside en la publicidad de operadores con licencia, sino en el vacío que permite que el juego ilegal prospere sin control.

Quizá la pregunta ya no sea solo qué más puede regularse, sino cómo se detecta y se expone lo que hoy circula a plena vista. En un entorno digital donde lo ilegal se normaliza por repetición y silencio, la visibilidad —también desde fuera de la administración— puede convertirse en una de las pocas herramientas reales para frenar un fenómeno que avanza más rápido que cualquier norma.