La Generalitat Valenciana, que está tramitando el Anteproyecto de su nueva Ley del Juego, ha publicado el informe de alegaciones sobre el texto original, en el que el sector online pide una mayor flexibilidad.
Buena parte de las alegaciones presentadas por el sector no han sido aceptadas. Es el caso de la solicitud de la industria de entregar bonos a sus clientes o ampliar la publicidad de los productos de juego, medida que se considera una vulneración al principio de juego responsable por parte de la Generalitat. No obstante, se emplaza a la industria al desarrollo del posterior reglamento de la ley.
Respecto al juego online, la industria propone que la Unidad Central de Juego a que obligará esta ley para los operadores pueda estar ubicada en otra comunidad autónoma si cumple con las garantías legales. Pero la Generalitat no lo acepta, dado que el control sobre dichas centrales de juego excedería de sus competencias.
La Generalitat también mantiene la obligatoriedad de que las operadoras incluyan enlaces a páginas web especializadas en la ayuda de problemas con el juego, además de la información preceptiva al respecto.
Además, el sector pide un registro de establecimientos en aras de la transparencia sobre los operadores de juego, cosa que la Generalitat no acepta al existir ya el registro general de la Comunidad Valenciana como órgano de transparencia.
La industria exige que se penalice a los jugadores autoexcluidos o menores, lo que no se acepta por parte de la administración, que hace a las empresas garantes de acceso de estas personas a los locales.
La Generalitat ha emplazado al posterior reglamento la petición de los operadores online de solicitar que las licencias sean por cuatro años y que los sistemas de pago sean autorizados para evitar estafas.
También se ha desestimado la petición de distintas asociaciones de jugadores rehabilitados de rechazar la instalación de terminales de apuestas y su publicidad, al existir ya un Reglamento de la publicidad del juego e inspecciones en este ámbito.