Operadores de casino piden la suspensión cautelar de la licencia de Andorra a Jocs SA

Los grupos de operadores de casino que han solicitado la nulidad de todo el expediente de concesión del Casino de Andorra a Jocs SA han pedido amparo al Gobierno de Andorra para que suspenda cautelarmente el otorgamiento de esa licencia hasta la resolución definitiva de los recursos presentados.

Los operadores que solicitan la suspensión cautelar son Casinos de Austria, Genting, Partouche y el Grupo Cirsa, según un comunicado conjunto suscrito por los recurrentes, al que ha tenido acceso GI Español. El quinto operador que recurrió la concesión, Barriére, no ha solicitado la medida cautelar. 

Esta solicitud se produce justo unos días antes de que finalice el plazo de instrucción de los expedientes, momento en el que el Gobierno de Andorra tiene que anunciar la resolución de los cinco recursos presentados por estos cinco operadores contra la adjudicación de la licencia a Jocs SA. Dicho plazo finalizará el próximo día 29 de octubre. 

Los argumentos para solicitar la suspensión cautelar de la licencia son, en primer lugar, el interés general, según el comunicado. «Por un lado, por las consecuencias jurídicas de la falta de suspensión que pueden suponer indemnizaciones millonarias, y por otro lado, porque se puede socavar la imagen internacional del país respecto a su apertura económica, perjudicando su credibilidad y la confianza de inversores internacionales en la seguridad jurídica del Principado», indica el comunicado.

El segundo argumento para suspender la licencia impugnada es que, según estos operadores, obviar la existencia de los recursos aún pendientes de resolución «tendría consecuencias de difícil o imposible reparación». 

En este punto, se amparan en el artículo 84 de la Ley 37/2014, de 11 de diciembre de Regulación de los juegos de azar, y en el artículo 129 del Código de la Administración, que establecen que se puede decretar la suspensión del acto impugnado, siempre que la ejecución del mismo pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que el acto se impugne por las causas de nulidad de pleno derecho.

Los operadores coinciden en que «las graves irregularidades denunciadas en los recursos» fundamentan la demanda de «paralización inmediata» de todas las actuaciones de la adjudicación y piden que «no se incurra, por prudencia y por responsabilidad política, en silenciar los errores evidenciados en este concurso internacional».

Además, mencionan específicamente que, de los cinco recursos interpuestos, cuatro piden la nulidad radical y de pleno derecho del expediente, y se hace «expresa reserva» de pedir todos los daños y perjuicios que se produzcan por esta actuación a la administración andorrana, por lo que creen conveniente «proceder a la suspensión de la adjudicación hasta la resolución definitiva de los recursos mencionados».