España ha cerrado 975 webs de juego ilegal en lo que va de año

En lo que va de año, España ha cerrado ya cerca de un millar de páginas de juego ilegales, 845 de las cuales lo hicieron voluntariamente sin apertura de expediente. Las otras 140 fueron cerradas con expediente sancionador.

En lo relativo al juego ilegal, el regulador español ha bloqueado además 1.134 dominios; elevado 111 propuestas de sanción contra operadores por carecer de licencia y ha propuesto 8 sanciones a loterías que infringían la reserva. Y ha realizado otras 9 propuestas de sanción por publicidad o patrocinios de operadores sin licencia.

Para reforzar más su lucha contra el juego ilegal, la Dirección General del Juego (DGOJ) prevé profundizar en la colaboración con medios de pago y poder detectar y cuantificar mejor el juego ilegal. Otra medida es sistematizar la vigilancia en las operaciones de juego con monedas virtuales o que utilicen el blockchain para organizar el juego. Además, la DGOJ quiere ampliar el seguimiento de los juegos sociales, gratuitos o el uso de skins y otras actividades que «presentan un alto riesgo de transformarse en juego sujeto a licencia». 

Otras dos medidas del regulador para reducir el juego ilegal son hacer un mayor seguimiento «de determinadas actividades que facilitan a los usuarios la ocultación de la identidad o el origen de las conexiones para facilitarles el juego en sitios ilegales». Y supervisar la publicidad, afiliación o patrocinio de operadores no autorizados. 

Además de seguir con su batalla contra el juego ilegal, la DGOJ ha actualizado su estrategia general de control sobre el juego, para lo que el Ministerio de Hacienda ya ha introducido varias resoluciones legales. Los objetivos de esta nueva estrategia son controlar más el juego ilegal, adaptarse a la liquidez compartida y proteger más al jugador.

Así, las líneas de actuación de la DGOJ pasan por supervisar mejor el nuevo entorno de liquidez compartida entre Francia, España, Italia y Portugal; intensificar las acciones sobre juego responsable y ejercer un férreo control para evitar el blanqueo de capitales. Otras medidas están dirigidas a monitorizar la innovación en productos y en tecnologías o los desafíos en materia de seguridad de las plataformas y prevenir el fraude, según explica la DGOJ.

En cuanto a la labor de control de juego, la Dirección General informa de que anualmente se realizan una media de 500 actuaciones de calidad de control interno. Este año, además, se ha publicado el manual de controles de calidad para su uso por los desarrolladores y los operadores. 

303 actuaciones de control

De acuerdo a los datos ofrecidos por el regulador español, hasta el pasado 30 de septiembre se han realizado 303 actuaciones de supervisión. Entre ellas, cabe destacar 119 relacionadas con el control de acceso de menores; 97 sobre los límites de depósito o participación; 37 sobre el registro de usuario y 39 sobre la revisión de nuevas licencias. 

El nuevo plan de la DGOJ prevé reforzar el control en áreas de especial riesgo como los controles de acceso para colectivos vulnerables -menores, prohibidos o personas fallecidas-; los procedimientos de autoexclusión y la detección de comportamientos de riesgo por parte de los operadores. 

En inspección, hasta septiembre se realizaron 277 inspecciones por denuncias que han dado lugar a 6 propuestas sancionadoras; y 88 inspecciones de oficio, con 44 sanciones. En este caso, el regulador reforzará los controles sobre la aleatoriedad; los mecanismos de protección para los fondos de los jugadores; el póquer en el entorno de liquidez compartida y lo relacionado con el juego responsable en este ámbito.

Homologación de sistemas de juego

En lo que se refiere a homologación de los sistemas técnicos de juego, la DGOJ ha aprobado 769 resoluciones, de ellas solo 129 por homologación inicial. El resto, por cambios en los sistemas de juego. La mejora en este caso pasa por mantener los controles de revisión a posteriori de la aleatoriedad sobre datos reales. Y también se prevé mejorar la identificación de participantes en los juegos y operaciones para prevenir el fraude. 

Apuestas irregulares

En lo que va de año, la DGOJ ha gestionado 74 alertras sobre apuestas irregulares en eventos deportivos y 135 actuaciones por la prohibición de apostar de personas vinculadas al deporte. En este ámbito, las medidas pasan por participar en las comisiones relacionadas con la lucha por la integridad y contra el fraude en el deporte, tanto a nivel nacional como internacional. También se propone crear y gestionar el sistema nacional de alertas de apuestas irregulares y sospechosas en colaboración con operadores de juego y proveedores de servicios de apuestas.

Y otra medida es potenciar la colaboración con las organizaciones deportivas nacionales e internacionales para la detección y persecución del amaño de partidos; para supervisar que los deportistas y personas vinculadas al deporte no apuesten y amplíar «la colaboración con los operadores y con los proveedores en los mercados de apuestas para profundizar en el conocimiento de estos mercados».

Acción contra el fraude

En cuanto al fraude, la DGOJ ha atendido hasta septiembre 72 requerimientos de información de Policía Nacional o Guardia Civil, que han supuesto 324 actuaciones de información. El regulador también ha atendido 200 requerimientos de información individuales por parte de la Agencia Tributaria. En este campo, la estrategia del regulador español es revisar los manuales de fraude, reforzar los controles de identidad y también el seguimiento de las transacciones, incluida la investigación del origen de los fondos usados en el juego.  

Para que esas líneas de trabajo lleguen a todos los implicados en el sector, la DGOJ ha hecho público un documento llamado Estrategia de Supervisión de la Actividad de Juego, que pretende que se difunda entre todos los actores del sector. 

En este sentido, el presidente de la DGOJ, Juan Espinosa, afirma en la introducción de ese documento que, con él, «queremos reforzar nuestro compromiso con la sociedad de acuerdo con los principios de transparencia y buen gobierno que rigen el sector público».