EXCLUSIVA.- En 2016, el juego online representó un flujo de dos billones de dólares en México, de los que el 90 por ciento fue para operadores extranjeros. Para 2019, se espera que el sector del juego represente un ingreso fiscal de 206 millones de dólares. Andrea Avedillo, del estudio de abogados Lazcano Sámano, analiza el futuro de la industria.
El pasado 1° de diciembre, Andrés M. López Obrador tomó posesión como presidente de México, para dar inicio a una nueva etapa en la historia de la política de ese país.
Durante el mandato de su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), el sector de juegos y sorteos experimentó un crecimiento moderado, pero constante. Se reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (RLFJS), con el objeto de incluir, entre otras cosas, un apartado relativo a los requisitos para la realización de sorteos de números o símbolos a través de máquinas. También hubo un mayor control y reglas más claras para la importación de las máquinas tragamonedas, al ser creada la fracción arancelaria específica para este tipo de mercancía. Fueron modificados varios permisos federales a fin de autorizar a los operadores a realizar actividades distintas a aquellas que les fueron aprobadas inicialmente, como, por ejemplo, la captación de apuestas vía Internet. Y se impulsó, en 2014, la creación del proyecto de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, que obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados; y que, de haberse aprobado por la Cámara de Senadores, hubiera supuesto una transformación positiva para la industria del juego en México.
“2018 fue un año particularmente complejo debido a las elecciones que, a mitad de año, resultaron en la victoria histórica de un candidato a la presidencia no sólo de la oposición, sino de izquierda. Fue un año de transición en el que la administración saliente estuvo más concentrada en lograr acuerdos con la del ahora presidente López Obrador que en impulsar cambios, y el sector de juegos no fue la excepción”, señala Andrea Avedillo en diálogo con GIEspañol. Y añade: “Si bien a lo largo del año fueron otorgados tres nuevos permisos federales para realizar actividades de juegos, lo cierto es que se habrían generado sustanciales beneficios para todos los actores de la industria si el Gobierno saliente hubiera logrado la discusión y aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores”.
Toda actividad relacionada con los juegos con apuesta en México -incluido el juego online- está regulada por la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), que data de 1947, y por el RLFJS, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2004.
“Evidentemente, por la fecha en que la LFJS fue creada, fue imposible prever diversos supuestos que hoy son comunes en la industria, como el juego por Internet. Además, el clima en el que la Ley fue aprobada -el México postrevolucionario- influyó para que la misma tuviera un aire proteccionista y para nada permisivo”, explica la abogada.
Fue hasta la entrada en vigor del RLFJS que la captación de apuestas vía Internet, tanto en eventos deportivos como en juegos tradicionales, fue contemplada dentro del marco legal. “Si bien se trata de una actividad con una regulación limitada, es completamente legal y cada día tiene más auge”, remarca Avedillo.
Con un mercado latinoamericano del juego en ascenso, Avedillo considera que el gran desafío para la administración de López Obrador será “robustecer la libre y sana competencia de la industria mexicana”. Se requiere una mayor apertura y mejores prácticas para generar confianza tanto al interior como el exterior del país.
Lo que sucede es que, como en la mayoría de los casos, la tecnología avanzó más rápido que la ley.
En este sentido, Avedillo afirma que “México se encuentra en un momento de autorregulación que posiblemente no pueda sostener por mucho más tiempo”.
“La gestión de López Obrador tiene la oportunidad de transformar la industria de juego mexicana, mediante el impulso de una nueva legislación que satisfaga las necesidades impuestas por la realidad en la que el juego se desarrolla actualmente”, añade.
Por último, concluye: “Ahora, más que nunca, es necesaria una legislación acorde con los avances de la época, que incentive la competencia leal y proteja a los más vulnerables. Entre más claras sean las reglas de operación y de participación, mayor confianza generará en los inversores y mejor será la imagen para quienes perciben al juego como algo negativo”.
