En medio del debate que se ha abierto en torno a la ilegalidad de las máquinas de premio programado, la superintendenta de Casinos, Vivién Villagrán, ha reiterado que la explotación, en distintas comunas del país, de las máquinas tragamonedas con algoritmo matemático son ilegales.
Y ha recordado que dicho razonamiento quedó plasmado en la circular Nº78 que del 29 de septiembre de 2016. Y luego en otra, la Nº 83 que apuntó a establecer procedimientos comunes para el otorgamiento de patentes municipales de explotación de juegos de habilidad y destreza.
En este sentido, la autoridad ha cuestionado la posición de los municipios que entregan patentes a máquinas no certificadas y ha indicado que existen empresas que se han escudado en resquicios legales para solicitar el otorgamiento de estos permisos.
Villagrán ha defendido la indicación presentada por el gobierno de Sebastián Piñera a una moción parlamentaria que busca perfeccionar la ley del ramo, estableciendo que las máquinas de azar que estén fuera de un casino regulado son ilegales.
“Las máquinas de premio programado, para nosotros, constituyen máquinas donde el azar prima por sobre cualquier otro elemento. Dado que la ley establece claramente que las máquinas de azar sólo pueden ser explotadas en los casinos legalmente constituidos, todo aquello que esté fuera de esto legalmente constituido sería ilegal”, ha señalado.
Ha añadido que “la Ley de la Superintendencia de Casinos de Juego a nosotros nos faculta para poder fiscalizar debidamente a las sociedades operadoras que tienen constituida la operación de un casino de juegos. Yo no tengo ninguna facultad para ir a los municipios o ver los locales en los cuales se están explotando este tipo de máquinas y sobre la base de un análisis determinar si estas son de azar o no. Sin perjuicio de lo cual, cada vez que nosotros recibimos una información que denuncia la existencia de un casino clandestino, toda esa información es debidamente remitida al Ministerio Público que es parte de la obligación que nosotros tenemos”.
En la industria regulada la Ley de Casinos obliga a los operadores a retornar el 85 por ciento de lo que en las máquinas se juega. Ese 85 por ciento está calculado sobre la base de 10 millones de jugadas. La industria, además del IVA, tiene dos impuestos específicos: uno es el de las entradas, las entradas constituyen un impuesto; pero además tienen un impuesto al “win” del juego, que es básicamente lo que las máquinas ganan y generan que es en torno al 20 por ciento. Por lo tanto, la industria tributa en torno a un 39 por ciento teniendo un retorno que, en datos reales, está sobre el 90 por ciento.
Una máquina que está fuera del ámbito regulado puede tener una programación mucho menor, con lo cual su nivel de ganancia crece de manera importante; no tiene la restricción de cobrar una entrada, que es un impuesto al jugador para restringir el acceso y lo que a la Superintendencia le permite controlar quiénes entran. Por lo tanto, los niveles de ganancia que se pueden encontrar en ese ámbito son absolutamente superiores a los que se pueden encontrar en el mundo regulado.
“Lo que nosotros hemos escuchado de distintos alcaldes es que obviamente el interés que ellos tienen está asociado al pago de la patente comercial que ellos entregan. Nosotros no disponemos de información que nos permita estimar qué porcentajes de patentes comerciales que el municipio entrega representan este segmento particular. Por lo tanto, no podríamos tener una opinión fundada que dé cuenta de aquello y creemos que en esto es bien importante que los municipios puedan indicar exactamente cuál es el tipo de pérdida que pudieran tener en caso de clausurar o dejar de entregar estas patentes comerciales. Pero esta es una actividad que, en algunos municipios, según los datos que tenemos, ha ido creciendo de manera importante”, ha comentado.
