Brasil estudia medidas contra el juego problemático en su regulación

El Gobierno federal de Brasil estudia incluir en la regulación de las apuestas deportivas mecanismos para frenar y tratar el juego problemático, según fuentes consultadas por el medio brasileño Metrópoles. La idea es que el Ministerio de Salud actúe en este asunto, ofreciendo una línea telefónica para los apostadores, como hacen algunos países, o algún tipo de servicio con profesionales de salud mental del Sistema Único de Salud (SUS).

Este mecanismo sólo vendrá en una fase posterior de regulación, por ordenanza, una norma que no requiere votación en el Congreso. Las reglas de comunicación, publicidad y marketing, como, por ejemplo, el tiempo de emisión de anuncios y el formato de los anuncios online, se elaborarán en colaboración con el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar).

Según Metrópoles, el Ministerio de Hacienda ya ha concluido el proyecto de texto del reglamento de apuestas, pero está a la espera de que se defina la forma. Se planteó la posibilidad de enviar un proyecto de ley con urgencia constitucional, debido al enfrentamiento entre el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre el rito de tramitación de los diputados en el Congreso.

Sin embargo, los diputados urgentes no tienen validez inmediata y sólo bloquean la agenda de votaciones tras 45 días de tramitación. El equipo del ministro Fernando Haddad tiene una preferencia por el tratamiento de la cuestión a través de MP, que genera efectos inmediatos y permite, desde su emisión, que el gobierno trabaja en actos para definir la fiscalidad y otros aspectos involucrados, como la propia ludopatía.

La prisa por regular el mercado es con el propósito de que el gobierno comience a inspeccionar y recaudar lo antes posible. La estimación más reciente es que la recaudación rondará entre 12.000 y 16.000 millones de reales. Tal vez esta cifra no se alcance en el primer año, sino sólo cuando el mercado regulado sea sólido.

Las empresas tendrán 180 días (seis meses) para acreditarse en Brasil. Será necesario presentar un plan de negocio y tener sede en el país. Sólo las empresas cualificadas podrán aceptar apuestas relacionadas con eventos deportivos oficiales organizados por federaciones, ligas y confederaciones. 

Las empresas no cualificadas incurrirán en prácticas ilegales y tendrán prohibido realizar cualquier tipo de publicidad, incluso en medios digitales.

Las empresas habilitadas cobrarán una tasa quinquenal de 30 millones de reales. Esta tasa debe ayudar a financiar la adquisición de tecnología y sistemas de inteligencia para la inspección y el castigo, es decir, para encontrar casos de manipulación.

Los técnicos ya han recibido a las empresas de sistemas que supervisan las formas de frenar la manipulación de los resultados. También se ha escuchado a los operadores, a los clubes, a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a los demás agentes implicados.

Cuanto más se tarde en dar el plazo, más se tardará en empezar a cobrar. Así, ya se trabaja con la posibilidad de que la recaudación no comience hasta 2024. Hoy, con el sector desregulado, se han identificado 280 dominios en el país. La previsión es que, tras la regulación, operen en este mercado entre 70 y 100 empresas.

Integridad

El Gobierno también tiene previsto crear una agencia de integridad para supervisar las apuestas y loterías, lo que debería hacerse mediante un proyecto de ley (PL). El Ministerio de Deportes es el encargado de elaborar este proyecto. Se trata de la primera agencia reguladora propuesta por el Gobierno actual.

También está prevista la creación de una secretaría, dentro de la estructura del Tesoro, con 80 puestos. La solicitud de creación de estos puestos ya ha sido presentada al Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos. Según el Presidente de la República, el gobierno federal no abrirá nuevas vacantes en 2023 para no engrosar la máquina pública, pero se espera que haya una excepción en este caso debido a los ingresos potenciales.

Se calcula que la creación de estos 80 puestos costará el 10% de lo que el gobierno ganará en subvenciones, es decir, 3 millones de reales. En diciembre de 2018, la ley 13.756 introdujo en el ordenamiento jurídico la posibilidad de las apuestas de cuota fija. El Gobierno de Jair Bolsonaro (PL) tenía un plazo de dos años, prorrogable por otros dos, para regular el mercado, pero no lo hizo. Con esto, las reglas para el funcionamiento de este mercado no se han estipulado aún y continúa libre del pago de impuestos.

En marzo, el Ministerio Público, junto con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), cuestionó al gobierno de Lula (PT) sobre el plazo para regular el tema. “Esta falta de regulación puede causar pérdidas multimillonarias a las arcas públicas”, dijo el fiscal Lucas Furtado en la representación.