Arthur Lira designará al ponente de la ley sobre fraude de apuestas en próximos días

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, ha anunciado públicamente que designará al ponente del proyecto de ley 3626/23 en los próximos días. Esta propuesta va a regular el proceso administrativo sobre irregularidades y fraudes vinculados a empresas del mercado de apuestas deportivas. Según él, los parlamentarios tienen hasta el 9 de septiembre para votar la propuesta, ya que el texto también tiene urgencia constitucional.

El proyecto de Ley 3626/23 regula el proceso administrativo que involucra irregularidades y fraudes vinculados a empresas del mercado de apuestas deportivas, las llamadas «apuestas», que se basan en eventos deportivos reales. El texto enviado por el gobierno federal con una solicitud de urgencia es parte, junto con la Medida Provisional 1182/23, del esfuerzo para regular la llamada «apuesta de probabilidades fijas» – una modalidad de lotería creada en 2018 por la Ley 13.756.

El Gobierno argumenta que el plazo para la regulación establecido en esa ley venció en diciembre de 2022 y que es necesario incorporar a la legislación mecanismos de seguridad e integridad, incluyendo normas de protección sobre el pago de premios y la publicidad.

El proyecto 3626/23 modifica la ley para establecer expresamente que las empresas que operan en el mercado de las apuestas deben adoptar procedimientos y sistemas de control interno para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la manipulación de resultados y otros fraudes.

El texto permite al Ministerio de Hacienda, como órgano de autorización y control, aplicar sanciones cautelares antes o durante la tramitación de un procedimiento administrativo cuando exista similitud con otro expediente y riesgo de que la demora derive en impunidad o perjuicio para las arcas públicas y terceros.

Las medidas incluyen desactivación temporal de operaciones; suspensión temporal del pago de premios y cobro de los billetes emitidos, entre otras. El incumplimiento de estas medidas supondrá para el infractor una multa de hasta 100.000 reales diarios.

En caso de evidencia de manipulación de resultados u otros fraudes similares, el Ministerio de Hacienda también podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de las apuestas y la retención de los pagos de premios, entre otras medidas.

Plazo de compromiso

El proyecto de ley prevé, no obstante, la posibilidad de suspender la vía administrativa antes de la resolución de primera instancia si el investigado firma un compromiso de cese de la práctica investigada; de subsanación de las irregularidades señaladas, indemnizando las pérdidas; así como de cumplimiento de otras condiciones acordadas en el expediente, como, por ejemplo, el ingreso de las cantidades en la cuenta única del Tesoro Nacional.

Reparto de premios

El proyecto de ley 3626/23 también modifica la Ley 5.768/71, que regula las promociones comerciales, para actualizar en un 25% la tasa que cobra el Gobierno por autorizar a las empresas a promover campañas de distribución gratuita de premios a través de sorteos, cheques regalo o concursos.

Un ejemplo de este tipo de campañas es incentivar la compra de un determinado producto con la posibilidad de recibir futuros premios a través de un sorteo, como ocurre en fechas señaladas como el Día del Padre, el Día de la Madre y otras celebraciones.

De acuerdo con el texto, la actual tasa de inspección, prevista en la Medida Provisoria 2158-35/01, pasará a llamarse tasa de autorización y dejará de aplicarse a la distribución gratuita de premios de valor igual o inferior a 10.000 reales relacionados con promociones comerciales.

Según el Gobierno, la idea es eliminar el procedimiento de autorización para las actividades de pequeño valor, manteniendo la obligación de notificación previa al Ministerio de Hacienda.

«El objetivo es proteger a los consumidores y garantizar los mecanismos de prevención del blanqueo de dinero, por un lado, y la eficacia del sector de la publicidad a través de promociones comerciales, por otro», dice la justificación del gobierno.

Sanciones

Por último, la propuesta prevé expresamente la sanción de apercibimiento como mecanismo sancionador para los casos de clara buena fe por parte de los agentes promotores, siempre que no exista perjuicio para los consumidores o la Hacienda Pública. El apercibimiento podría aplicarse en lugar de las sanciones más graves ya previstas, como la multa y la prohibición de realizar promociones.

El proyecto de ley no aborda la creación efectiva de la Secretaría Nacional de Juegos y Loterías, vinculada al Ministerio de Hacienda, para que se ocupe de los procesos de autorización y concesión de las casas de apuestas deportivas.