En una complejísima investigación de la Policía Nacional, con la colaboración de la de Ucrania, Europol, Interpol, las agregradurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucranian y el regulador de juego español, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se ha desarticulado una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania y usaba sus identidades para estafar a plataformas de apuestas online relacionada con todo tipo de juego. Es la Operación Girasoles.
Miembros de todas las instituciones participantes en la operación, que viene investigándose desde 2023, han participado este jueves en una extensa rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. La organización criminal desarticulada está acusada de la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
Hay 12 detenidos en Alicante y Valencia, de los que seis han ingresado en prisión provisional por jugar un rol vital en el entramado, y hay 240 denuncias por usurpación de identidad. La organización captaba a mujeres muy vulnerables en zonas muy castigadas por la guerra de Ucrania y abría cuentas bancarias a su nombre, que utilizaban en las plataformas de juego para mover los beneficios ilícitos, estimados en 4.750.000 euros.
El líder, llamado ‘el maestro’, era un experto informático que organizaba el sistema de a qué páginas web había que atacar y cómo hacerlo. Organizaba todo el apoyo logístico de la organización, daba instrucciones a sus secuaces, también expertos informáticos, hombres y mujeres con una estrecha relación personal, de entre 40 y 45 años, que trabajaban con un entramado perfectamente organizado.

De hecho, habían desarrollado un sofisticado sistema de fraude informático mediante miles de bots, donde ya utilizaban identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos -la operación sigue viva, por lo que este número podría aumentar sensiblemente- de 17 nacionalidades distintas, con los que realizaban miles de apuestas simultáneas, a cuotas bajas, en plataformas de apuestas online.
El clan vivía en España desde hacía cuatro o cinco años, según han revelado los investigadores, pero se sospecha que llevaban más de 15 años realizando este tipo de actividades desde otros lugares.
La investigación policial dio comienzo en octubre de 2023, y tras múltiples indagaciones, pudo constatar la presencia en Alicante y Valencia de una organización criminal, que se había conformado y profesionalizado en el contexto del conflicto armado en Ucrania aprovechando la vulnerabilidad extrema de numerosas mujeres.
La organización captaba a sus víctimas, mujeres jóvenes en situación económica muy precaria y con interés por salir de Ucrania, procedentes de zonas sometidas a continuos ataques bélicos en el país. Eran entornos conocidos para ellos, ha explicado la Policía Nacional y la policía ucraniana. Disponían incluso de células de captación, que posteriormente gestionaban y financiaban el desplazamiento de esas mujeres a España.
Una vez en territorio nacional, la organización garantizaba su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un férreo control. De manera inmediata iniciaban los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.
Tras la obtención de protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para que abriesen cuentas corrientes y obtuvieran tarjetas de crédito, que pasaban a ser controladas íntegramente por la organización criminal. Después las mujeres eran devueltas a Ucrania, frustrándose además sus aspiraciones de salir de la zona en conflicto.
Esas cuentas y tarjetas obtenidas a nombre de las víctimas eran utilizadas para la creación de múltiples cuentas en plataformas de juego on line, permitiendo así el control del movimiento continuo de dinero desde las cuentas bancarias hacia dichas plataformas.
Según ha explicado la jefa de Integridad del Deporte y Apuestas Deportivas de la Policía Nacional, Mónica Alba, la organización disponía de bots y una aplicación que introducía las especificaciones de tipo de apuesta, su cadencia, latencia, y las casas de apuestas online a atacar. “El programa imitaba el comportamiento humano, pero de forma más rápida y más precisa”, ha afirmado. El jefe de la UDEV central de la Policía Nacional, Javier Romero, ha incidido en que “la usurpación de identidad supone un ataque directo a la identidad personal, al patrimonio y a la confianza en los sistemas digitales”.
Si la coordinación de todas las policías involucradas ha sido vital para trazar la actividad completa de una organización grande y muy estructurada, el papel jugado en esta operación por el regulador español también ha sido clave para detectar a más personas con identidades suplantadas. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), a través del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), traslada a la Agencia Tributaria y la Policía Nacional los datos de las personas que han sufrido suplantación de identidad en apuestas. Así es cómo se pudieron cruzar datos y se inicia la investigación.
A esas personas con la identidad usurpada se les venían imputando ganancias que no habían obtenido. Al mismo tiempo, las casas de apuestas estaban perdiendo dinero por los fraudes. La Policía Nacional requirió la información pertinente a los operadores de juego y, de este modo, comprobó que la organización “estaba moviendo millones”, en palabras de los investigadores.
Según el director general de Juego de España, Mikel Arana, también presente en la rueda de prensa, el protocolo PACS detecta fraudes superiores a cien euros y “traslada toda la información a la Agencia Tributaria y la Policía Nacional para cruzar los datos”. Así, desde 2024 viene aumentando consistentemente el número de personas suplantadas. En 2024 fue de más de 7.700; en 2025 aumentó a más de 8.400, y el perfil suele ser de mujeres de entre 25 y 55 años; personas excluidas de juego, o robo de identidades.
Los investigadores también han indicado que los operadores de juego afectados han cooperado en la investigación.
La investigación desembocó en una operación simultánea en España y Ucrania. En el operativo español se han realizado nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde se han intervenido más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 “bots”.
También se han bloqueado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros 10 países con más de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.