El ministro Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el miércoles, 3 de diciembre, la suspensión de todas las leyes y decretos municipales que crean, autorizan o regulan loterías y apuestas deportivas a nivel local. También ordenó el cese inmediato de las actividades ya en funcionamiento y de los procedimientos de acreditación relacionados con estos servicios.

La medida cautelar se concedió en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 1212, presentado por el partido Solidaridad. En la demanda, el partido alega la proliferación de loterías municipales y que tales iniciativas violan la competencia exclusiva de la Unión para legislar sobre consorcios y rifas.

El ADPF cita numerosas leyes y decretos municipales emitidos en diferentes regiones del país. Según el partido, muchas de estas leyes han permitido la explotación de las apuestas de cuota fija y la transferencia de esta actividad a empresas no autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

Según el ministro, la Ley Federal 13.756/2018, que regula las apuestas, optó por concentrar la estructura de supervisión en la Unión, debido al interés nacional en esta modalidad. Además, la ley autorizó la operación de loterías por parte de los estados y el Distrito Federal, dentro de los límites de la legislación federal, sin incluir a los municipios.

También consideró que la competencia de los municipios para legislar sobre asuntos de interés local no se extiende a las actividades de lotería, que no están directamente relacionadas con las necesidades inmediatas de sus ciudadanos ni de la propia entidad local.

En su opinión, este sistema difuso y fragmentado promueve un drástico debilitamiento de la supervisión del Poder Ejecutivo federal y dificulta la estandarización de parámetros, normas de publicidad y mecanismos para la defensa de los derechos del consumidor y la salud de los usuarios.

La decisión establece una multa diaria de R$ 500.000 para los municipios y empresas que continúen prestando el servicio, y de R$ 50.000 para los alcaldes y presidentes de empresas acreditadas que mantengan la operación de las actividades de lotería.

El relator solicitó a la Presidencia del Supremo Tribunal Federal que convoque una sesión extraordinaria del Pleno Virtual para ratificar la medida cautelar.

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