La Asociación Brasileña para el Cumplimiento, las Buenas Prácticas, la Ética y la Transparencia en las Apuestas (ABC-BET) ha defendido la regulación del juego en Brasil ante la declaración del presidente del país, Lula Da Silva, sobre la posibilidad de prohibirlo, tan solo un año después de regularlo.

“Es legítimo y necesario debatir los efectos de la ludopatía”, dicen desde ABC-BET. “Pero es igualmente necesario hacerlo con precisión técnica, responsabilidad institucional y compromiso con la verdad regulatoria”, añaden. 

Y aseguran que “Brasil estructuró su mercado regulado de apuestas de cuotas fijas hace poco más de un año, con plena operación a partir de enero de 2025, bajo la autorización, supervisión, control y sanción de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda”. 

“La legislación y los actos regulatorios establecen que solo las empresas autorizadas pueden ofrecer apuestas de cuotas fijas en el país, incluso en línea, a través de plataformas debidamente reguladas”.

Aseguran que el mercado regulado no puede confundirse con plataformas clandestinas, ofertas irregulares “y operaciones que operan deliberadamente al margen de la ley”. ABC-BET reconoce el valioso papel de la Secretaría de Premios y Apuestas y Anatel en el bloqueo de sitios web ilegales. 

Según datos del informe periódico de la SPA/MF, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 ya se han bloqueado 25.000 URL, además de 132 procesos de inspección, 80 procesos administrativos sancionadores y 412 procesos de inspección contra influencers digitales.

“Este esfuerzo es relevante, pero debe profundizarse: bloquear dominios es necesario, pero no suficiente”, afirma ABC-BET. La asociación argumenta que las autoridades también deberían perseguir a los responsables de estas operaciones, sus financiadores, facilitadores, estructuras de pago y cualquier red de apoyo, con responsabilidades administrativas, civiles y penales.

ABC-BET aboga por una “tolerancia cero” contra los operadores ilegales, la publicidad irregular, la comunicación dirigida a públicos vulnerables, la falta de mecanismos de juego responsable, la negligencia en los controles de cumplimiento y cualquier conducta que amenace la integridad del deporte o del consumidor. En caso de incumplimiento, añaden, debe haber investigación, sanción y retirada del mercado. “Este es el camino hacia la integridad”.

ABC-BET también incide en que la creciente incertidumbre jurídica que rodea al sector también es motivo de preocupación. En poco tiempo, el mercado ha tenido que lidiar con nuevos requisitos regulatorios, una agenda regulatoria aún en desarrollo y propuestas legislativas para amplias restricciones o prohibiciones de la publicidad y el patrocinio. 

A esto se suma la casi aprobación de las llamadas Apuestas Cide en el marco del Proyecto de Ley n.º 5.582/2025, conocido como Proyecto de Ley Antifacción. La propuesta preveía la creación de una contribución del 15 % sobre las apuestas de cuota fija, con el potencial de aumentar drásticamente la carga sobre el sector regulado, reducir la competitividad del mercado legal y comprometer la canalización de los apostadores hacia el entorno autorizado. 

Si bien -según ABC-BET- se eliminó del texto final, el episodio refuerza la percepción de inestabilidad regulatoria y soluciones improvisadas, lo que compromete la previsibilidad, desalienta las inversiones legítimas y dificulta la consolidación del entorno supervisado que el país decidió construir.

El debate público también debe basarse en evidencia, insisten. Y aportan datos de SPA/MF que muestran que 25.245.319 titulares únicos de CPF realizaron apuestas a lo largo de 2025, con un GGR acumulado de 36.960 millones de reales en el período. 

Esto representa un promedio aproximado de R$ 1.464 por apostador al año, o unos R$ 122 al mes. En la práctica, este monto corresponde al gasto neto efectivo de los apostadores, una vez deducidos los premios pagados, y no al volumen total de apuestas.

ABC-BET reafirma que el trastorno del juego es un problema de salud pública y protección del consumidor. Aseguran que debe abordarse con seriedad, prevención, monitoreo, información calificada y cooperación entre reguladores, operadores autorizados y autoridades públicas. 

“El mercado regulado no puede ni debe depender del juego problemático como lógica comercial. Quienes se benefician de la ausencia de controles, trazabilidad, autoexclusión y mecanismos de protección son el mercado clandestino”, indican.

“También es cierto que un mercado regulado durante poco más de un año no puede ser considerado el único responsable de los males históricos y multifactoriales del país. Un debate serio sobre la protección de las mujeres, las familias y la sociedad debe abarcar, con la misma honestidad, las conductas compulsivas”.

Las pirámides financieras, el fraude patrimonial, el crimen organizado, el acoso digital y los escándalos recurrentes de corrupción “merman los ingresos, la confianza y la estabilidad social”, dicen desde ABC-BET. “Abordar estos flagelos no se logra eligiendo un chivo expiatorio regulatorio, sino mediante políticas públicas integradas, una supervisión eficaz y la rendición de cuentas por las irregularidades en todos los frentes”.

“En diferentes países, las autoridades y los organismos reguladores ya han advertido que la regulación excesiva, la pérdida de competitividad en el mercado legal y los aumentos de impuestos mal calibrados pueden empujar a los consumidores hacia operadores ilegales. El reto, por lo tanto, no consiste en debilitar el mercado regulado, sino en fortalecerlo con normas proporcionadas, una supervisión eficaz y seguridad jurídica”, asegura la asociación.

“Es igualmente importante reconocer que el mercado regulado, cuando está sujeto a normas claras, también genera externalidades positivas. Existen ejemplos públicos y verificables de inversiones en fútbol femenino y otros deportes, así como la presencia del sector en festivales populares de gran alcance y en programas de entretenimiento televisivo”, aseguran. 

En el deporte, esta participación se manifiesta tanto en patrocinios de clubes y equipos como en competiciones y proyectos de alto rendimiento; en la cultura y el entretenimiento, se manifiesta en el apoyo a eventos masivos, programación popular y propiedades con una amplia audiencia. 

Este conjunto de iniciativas demuestra que el debate público no puede reducirse a generalizaciones simplistas ni ignorar los efectos concretos del financiamiento privado e institucional en actividades legítimas que generan audiencia, cadena de producción, turismo, visibilidad y profesionalización.

ABC-BET asegura que el sector regulado genera inversión, empleo formal e ingresos con asignación legal vinculada a diversas áreas de interés público. La propia regulación prevé transferencias a educación, seguridad social, seguridad pública, deporte, turismo y salud, entre otros fines. 

Según el informe periódico del SPA/MF, las asignaciones legales ascendieron a R$ 4.530 millones en 2025. Sin embargo, existe una contradicción que debe ser claramente expuesta: si el discurso público insiste en tratar el trastorno del juego como un grave problema de salud pública, es incoherente que solo el 1% de las asignaciones legales se reserve para el Ministerio de Salud, mientras que porciones sustancialmente mayores se destinan a otras áreas.

Por lo tanto, ABC-BET reafirma su postura: “Brasil necesita una regulación eficaz, una supervisión consistente, integridad y protección para los ciudadanos, y no respuestas improvisadas, punitivismo selectivo ni inestabilidad normativa”.

“Defender el juego responsable no se trata de negar los problemas; se trata de afrontarlos seriamente. Defender el mercado regulado no consiste en proteger los abusos; se trata de garantizar que la actividad legal sea rastreable, auditable y compatible con el interés público. Defender la integridad deportiva no es un eslogan; es un compromiso permanente con la transparencia, el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas”, concluye.