Funcionarios piden impugnar la designación ‘a dedo’ de altos cargos como el del director de juego

La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ha impugnado ya ante el Tribunal Supremo una veintena de nombramientos de confianza, como revela hoy la prensa española.

Para Fedeca, el nombramiento de estos cargos de confianza supone un «uso espurio de la excepción» que conlleva el estado de alarma, decretado en España el pasado 14 de marzo. Además, indican los funcionarios en una información publicada por El Mundo, que «con un doble agravante: que en esta ocasión se está doblando el número de altos cargos designados a dedo frente a otros gobiernos; y que demuestra que los que deciden no han aprendido la lección». Son las palabras del presidente de Fedeca a El Mundo, Jordi Solé Estalella.

Fedeca ha interpuesto ya un escrito en el Tribunal Supremo para impugnar el decreto de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y que ya recogía una veintena de direcciones generales a cuyo titular se exime de la obligación de ser funcionario. Ahora completarán su escrito con los nuevos nombramientos, algunos decididos por el Consejo de Ministros en los últimos días, como el de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que deja el funcionario Juan Espinosa para ser ocupada por el político afín al ministro de Consumo, Mikel Arana.

Por su parte, el diario Lainformacion.com adelantó que esta asociación ultimaba un recurso, pero desde Fedeca confirman que ya han presentado un escrito. Esta federación, que aúna a 45 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera, muestra su preocupación por el modelo que se instaura y añade que «la clase política piensa que la administración puede ser un cortijo».

Desde enero, el nuevo Gobierno español acumula 26 excepciones de altos cargos, direcciones generales, nombradas a dedo y salvando la exigencia de ser funcionario/a de carrera, como establecen las leyes de Régimen Jurídico del Sector Público y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración.

En el caso de la DGOJ, el Ministerio de Consumo publicó un decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que expresamente se exime de la obligación de ser funcionario a un alto cargo como el que ahora empieza a ocupar el político vasco Mikel Arana.

Para Fedeca, este tipo de argumentaciones se realizan paa colocar a personas afines, lo que deriva en un mal modelo de administración que no prioriza la capacitación, sino la lealtad para estar al lado de puestos importantes donde se toman las decisiones.