Chile se suma a la carrera para regular el juego online

Chile también se suma a la carrera de Latinoamérica para regular el juego online. Ayer, día 7 de marzo, se registró en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular el desarrollo de apuestas en línea, que llegó desde el Ministerio de Economía y Hacienda y que a partir de ahora inicia su tramitación en la Cámara, bajo el modelo colombiano.

Según refleja el proyecto de ley se propone que las plataformas de apuestas en línea puedan proponer al regulador desarrollar apuestas a cualquier objeto de apuesta, salvo loterías,  aquellos que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, que sean dirigidos a menores de edad, cualquier otro contenido que pudiera dañar seriamente la salud o el desarrollo físico o mental de los usuarios, o aquellos prohibidos de acuerdo al reglamento.

La ley da a las plataformas “un amplio campo para proponer objetos de apuesta diversos, novedosos y enfocados en públicos distintos, así como también, dar la flexibilidad a esta industria para que pueda adaptarse con agilidad a las distintas tendencias que vayan desarrollándose en el mundo”.

Modelo colombiano

Siguiendo el ejemplo de modelos comparados como Colombia, se propone que puedan acceder a este mercado “todas las personas jurídicas que cuenten con una autorización administrativa denominada licencia general, de una duración de hasta 5 años, renovable, o una autorización administrativa denominada licencia especial de apuestas en línea, que tenga una duración de hasta 60 días, no renovable”. A estas licencias se accederá a través de un procedimiento administrativo no competitivo.

En cuanto a los requisitos para las sociedades operadoras, se han considerado requisitos similares a aquellos para las sociedades operadoras de casinos de juego establecidos en la ley Nº 19.995, con el requisito territorial nacional y no regional, por motivos obvios, al ser online. 

Respecto de los requisitos técnicos y económicos que deben cumplir las plataformas para participar de este mercado, la ley realiza “lineamientos generales” y será la Superintendencia de Casinos la encargada de desarrollar las normas técnicas de la Superintendencia esta materia, “debido a la flexibilidad que requiere el desarrollo de una industria naciente, y que por su naturaleza estará constantemente en proceso de cambio”.  

Política nacional de apuestas online

El Ministerio de Hacienda, previo informe de la Superintendencia y del Ministerio de Salud, elaborará a través de un decreto supremo, una política nacional de apuestas en línea responsables, cuya implementación será realizada por la referida Superintendencia. Asimismo, se otorgan competencias a la Superintendencia para promover la práctica de Apuestas en Línea Responsables, dictando normativa para ello, y fiscalizando su cumplimiento por parte de las sociedades operadoras.

Por último, se establece que las sociedades operadoras deberán destinar al menos un 1% de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo responsable de Apuestas en Línea. Además, se tomarán medidas contra las apuestas ilegales, para proteger a la población vulnerable y para proteger a menores de edad. 

Así, el proyecto propone establecer que el desarrollo de plataformas de apuestas en línea sin la debida licencia será una infracción administrativa, que podrá ser perseguida por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, además de un delito. Para prevenir y perseguir estos delitos, la ley tomará las correspondientes provisiones.

Modificación de la ley 19.995

Por otro lado, el proyecto contempla realizar modificaciones a la ley Nº 19.995, que regula el juego presencial en el país para adecuarla al juego online también. Para lo anterior, se modifica en diversos pasajes de dicha ley la denominación de la Superintendencia de Casinos de Juego, cambiándola por Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

Por otra parte, se faculta a esta entidad a crear un Registro de Plataformas de Apuestas no autorizadas, autorizar a laboratorios e instituciones certificadoras que emitirán certificados respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estándares técnicos de las Plataformas de Apuestas en Línea, y promover la práctica de Apuestas en Línea Responsables.

Con la finalidad de evitar arbitrajes regulatorios, y promover la competencia en igualdad de condiciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 22 de la Constitución Política, el proyecto propone, en cuanto a la regulación de las apuestas deportivas en línea, establecer que la Polla Chilena de Beneficencia, al igual que cualquier otra sociedad operadora, para poder desarrollarlas, deba solicitar una autorización a la Superintendencia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley que Regula las Plataformas de Apuestas en Línea, de manera que todos los actores de este mercado puedan competir en igualdad de condiciones.

Prevención del lavado de activos

Considerando que tanto las sociedades operadoras de casinos de juego, salas de juego e hipódromos son entidades que deben informar respecto de operaciones sospechosas de lavado de activos, se establece que también lo serán las sociedades operadoras de Plataformas de Apuestas en Línea, titulares de una licencia general de operación, debido a los riesgos inherentes de la actividad de apuestas, que también están presentes en las Plataformas de Apuestas en Línea.

En este momento, en Chile operan numerosas plataformas de apuestas de manera alegal, por lo que este proyecto busca generar un mercado competitivo en el que puedan participar diversos actores, tanto locales como extranjeros, que puedan generar una oferta atractiva de diversos tipos de juegos de azar para los usuarios.

En este sentido, dice la ley, se proyecta que esta industria, cuyos actores actualmente no están tributando en Chile, pueda generar ingresos para el Estado por más de US$ 50 millones al año, recursos importantes en un momento de estrechez fiscal, debido a los importantes esfuerzos económicos realizados para ir en ayuda de quienes han sido afectados por la crisis sanitaria, que han generado un aumento de la deuda pública.