España obliga a crear entornos más seguros bajo graves multas y pérdida de licencias

El Consejo de Ministros de España aprobó en su reunión de este martes el real decreto que “refuerza” la “protección” de los jugadores “más vulnerables” y obliga a los operadores a crear “entornos de juego más seguros”, estableciendo multas de hasta 50 millones de euros y la pérdida de la licencia para los que lo incumplan.

Así lo anunció el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que precisó que esta nueva normativa, que incluye más de una treintena de medidas, tiene como objetivo “minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo” que, a su juicio, “pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas”.

En este sentido, una de las “poblaciones diana” del real decreto son los jóvenes de entre 18 y 25 años, que, según el gabinete de Garzón, resultan “particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados”, si bien la norma también “reforzará la protección” de otros “perfiles vulnerables”, como es el caso de quienes ya tienen “comportamientos de juego intensivo o de riesgo”.

A este respecto, explicó que, “como regla general”, se considerará que están en la categoría de “juego intensivo” las personas que acumulen pérdidas netas iguales o superiores a 600 euros y 200 euros en el caso de los menores de 25 años en un plazo de tres semanas seguidas.

También forman parte del “colectivo de especial protección y vulnerabilidad” de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos), aunque el real decreto contempla “medidas de protección general” para los jugadores “en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego”.

Entre las “nuevas obligaciones” de los operadores para “proteger a las personas vulnerables”, Consumo destacó la remisión de un mensaje “específico” que “alerte de la conducta de riesgo detectada” o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos. Además, los jugadores “en situación de riesgo” no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica y solo podrán usar medios de pago nominativos y de su titularidad.

En paralelo, a los jugadores “vulnerables” también se les “excluirá” de actividades de promoción y de la lista de clientes “privilegiados”, esto es, ya no se les podrán ofrecer “condiciones mejoradas o más ventajosas” para “fomentar” su nivel de juego.

Junto a ello, los operadores pondrán en marcha “medidas de refuerzo” para los jugadores “vulnerables”, como fijar una interacción “específica” con ellos y “conseguir su respuesta en un plazo máximo de 72 horas”. “En caso de que no haya respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta”, sentenció Consumo.

Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 años actividades promocionales “cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma”, como invitaciones a partidos o entradas para espectáculos, y tampoco podrán incluirlos en programas vip de fidelización.

“Los operadores están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía”, advirtió Consumo, para señalar que las personas autoexcluidas y autoprohibidas “tampoco recibirán comunicaciones comerciales” y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.

Las empresas también tendrán que suscribirse al servicio de alerta ‘antiphishing’ de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con “conductas de riesgo” no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador.

Además, con carácter general para todos los participantes en juegos de azar y apuestas, tendrán que incluir en sus webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los “posibles riesgos” de esta actividad, los “trastornos asociados” y cómo obtener asistencia al respecto y deberán ofrecer un servicio telefónico de asistencia y ayuda para “comportamientos de riesgo”, que no podrá ser de tarificación especial, además de formar específicamente a una persona que supervise las medidas de protección de jugadores.

Además, tampoco podrán emitir mensajes como “casi acertaste” o “estuviste cerca” para “propiciar” una nueva apuesta o juego al terminar una partida, y para que los jugadores “sean conscientes de cómo están jugando y gastando”, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego.

Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o “presorteada” deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, “sin posibilidad de ser modificada durante el transcurso de la misma”.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el real decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo y, para las infracciones muy graves, las sanciones ascienden hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego, mientras que para las consideradas graves las multas se elevan hasta un millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante seis meses.

La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, según Consumo, “por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican”, tendrán un plazo de 12 meses.

“Se trata, en definitiva, de garantizar un marco de políticas de protección ante los -posibles- riesgos del juego a nivel estatal que prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores”, abundó el ministerio, al tiempo que puntualizó que las empresas del sector “estarán obligadas a promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de los jugadores”.

Con el fin de “proteger a quienes ya están dentro del mercado y juegan activamente”, el Gobierno ha desarrollado el nuevo real decreto que, además, según el departamento de Alberto Garzón, “supone un cambio de paradigma en la concepción del juego”, pasando de un «enfoque individualista», centrado en la persona, a uno «de carácter proteccionista».