Consumo avanza en la regulación de la publicidad del juego

Entre las medidas aprobadas por el ministerio dirigido por Garzón en el último año destacan la regulación de la publicidad de juegos de azar, la prohibición de los teléfonos 902 y la introducción de la figura del consumidor vulnerable.

El Ministerio de Consumo ha impulsado en el último año algunos de los principales compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno, según refleja el informe de rendición de cuentas elaborado por el Ejecutivo. 

La protección de los consumidores más vulnerables y la mejora de los hábitos de consumo han sido dos de los principales ejes de actividad del ministerio, con medidas como la introducción de la figura de persona consumidora vulnerable o la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, de la que Consumo es coautora.

En materia de Juego, entre los hitos más relevantes del último año, destacan la regulación de la publicidad de juegos de azar y la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego.

Prohibición de la publicidad online

Además, a partir del próximo 30 de agosto entrará en vigor la totalidad del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, con lo que quedará totalmente regulada la publicidad de juegos de azar en España, tras diez años de ausencia de control desde la aprobación de la Ley del Juego en 2011. 

Esta medida implica la prohibición de la publicidad online, del uso de personas con reconocimiento público en anuncios, de la emisión de bonos de captación, de la publicidad en radio y televisión (excepto en la franja de 1 a 5 de la madrugada) y del patrocinio de equipaciones, estadios y equipos deportivos, entre otras medidas.

El Ejecutivo también ha aprobado la reorientación de la tasa de juego hacia la prevención de la ludopatía y la coordinación de los registros de autoprohibidos, al que se han inscrito ya más de 60.000 personas voluntariamente.

Consumidor vulnerable

Asimismo, la incorporación de la figura de persona consumidora vulnerable en la legislación estatal garantizará, según Consumo, que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles y transparentes. 

Esta medida pretende proteger a colectivos vulnerables, como los menores, las personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, todas las que tengan dificultades por la falta de accesibilidad de la información.