Nuevo pacto el juego legal entre Coljuegos y la ciudad de Pereira

El presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, y el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, han firmado el pacto por la legalidad en los juegos de suerte y azar, un acuerdo de en el que se comprometen a trabajar para fortalecer la legalidad en la industria de juegos de suerte y azar en esta región colombiana.

Según el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, la firma del pacto significa el compromiso de todos los pereiranos por fortalecer los procesos que garanticen la legalidad en los juegos de suerte y azar, siendo este sector uno de los más importantes en el marco de la reactivación económica, luego de la pandemia generada por el COVID-19. 

“Uno de los objetivos principales de nuestra administración es fortalecer la legalidad en el territorio, y que más pertinente que la firma de este pacto, en donde le garantizamos a los pereiranos que el dinero que producen los juegos de suerte y azar van destinados al sistema de salud de la ciudad”, aseguró.

Control a la ilegalidad

De acuerdo con Israel Londoño, gobernador encargado de Risaralda, “la firma de este Pacto por la legalidad permitirá un mayor control a la ilegalidad en los juegos de suerte y azar, mayores ingresos al sistema de salud e ingresos significativos para los municipios de nuestra región”.  

Los pactos por la legalidad son una iniciativa liderada por Coljuegos, que busca, entre otros aspectos, unificar esfuerzos entre diferentes entidades públicas y privadas, para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de jugar de manera legal y responsable.

“Desde el Gobierno Nacional continuamos en sintonía con las regiones, llevando la institucionalidad representada en Coljuegos por todo nuestro país, promoviendo la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Es nuestro compromiso, como ente regulador de esta industria, impulsar el desarrollo de las economías locales y fortalecer los sistemas de salud en los territorios, a través de las transferencias a la salud que generan los juegos de suerte y azar”, ha añadido el presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano. 

Expectativas

“Desde Coljuegos reconocemos el arduo trabajo que viene realizando la alcaldía de Pereira por acogernos hoy en esta hermosa tierra, para firma este acuerdo de voluntades que garantiza recursos económicos a la salud de los pereiranos”, ha añadido. 

Asimismo, el presidente del regulador resaltó que “en Pereira, el Raspa y Listo está superando las expectativas tres veces más de lo inicialmente proyectado, lo que indica que las transferencias a la salud de los pereiranos se estarían incrementando en cerca de $1.000 millones de pesos anuales, lo que representa una gran proyección social y económica para esta región”.

En los últimos 36 meses, la ciudad de Pereira ha recibido del sector de juegos de suerte y azar cerca de $14.173 millones de pesos, por derechos de explotación, impuesto a ganadores, premios no reclamados y foráneas.

A nivel nacional, la industria de juegos de suerte y azar cuenta con 382 operadores de juegos localizados autorizados (casinos y bingos), 3.032 establecimientos de juego, 93.321 máquinas electrónicas tragamonedas, 17 operadores autorizados de juegos online.  

Además, el sector también está compuesto por juegos novedosos del nivel nacional, tales como Baloto, Súper Astro y juegos online, así como los juegos territoriales, chance y lotería.

En Pereira, actualmente existen 25 operadores de juegos localizados autorizados que cuentan con 2.284 máquinas electrónicas tragamonedas, es decir el 2.39% del total de máquinas del país, en 49 establecimientos, 591 puntos de venta Baloto, 463 puntos de venta Super Astro, 103 puntos de venta online y 1.419 colocadores de apuestas permanentes.    

Finalmente, es importante destacar que en la capital risaraldense Coljuegos ha realizado 22 operativos, los cuales han permitido el retiro de 438 elementos de juegos de suerte y azar, que operaban de manera ilegal. Si esto fuera legal, corresponde a cerca de $ 5.722 millones de pesos por derechos de explotación que ha dejado de percibir el departamento, más el IVA, que se estima en $2.456 millones de pesos.