El Consejo de Políticas del Juego ha aprobado un nuevo reglamento de funcionamiento y, entre las medidas más destacadas que tomará, está la creación de grupos de trabajo sectoriales para abordar las cuestiones que afectan a la industria.

La dinamización de este órgano de participación del sector pasa por trabajar de forma pormenorizada los asuntos que afectan al juego desde grupos sectoriales que pueden avanzar en cada materia bien con reuniones presenciales o a distancia. Así lo refleja el reglamento aprobado y el modelo coincide con la política expresada por el director de la Dirección del Juego (DGOJ), Juan Espinosa, en su reciente entrevista con este medio. 

«Queremos dotarlo de una mayor participación y un debate sobre los asuntos que afectan a la industria», indicó Espinosa. El nuevo reglamento refleja esa intención, teniendo en cuenta que tendrá la facultad de ser informado sobre los proyectos legales en marcha y no sólo los del Gobierno central, sino también los de las comunidades autónomas «cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas, o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable».

Entre otros temas que preocupan a la industria, el Consejo también tiene la responsabilidad de «promover las actuaciones pertinentes para favorecer la convergencia del régimen jurídico y fiscal, así como la regulación en materia de publicidad, patrocinio y promoción aplicable a cualquier modalidad de juego, tipo de juego y operador en todo el territorio nacional».

Además de otro aspecto realmente importante, como son los planes específicos de cooperación entre las comunidades autónomas respecto al juego «para evitar duplicidades y lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos». Establecer mecanismos para el intercambio de información y fomentar la coordinación son también sus máximas.

Presidido por el ministro de Hacienda, el Consejo de Políticas del Juego representa a todas las comunidades y las dos ciudades autónomas españolas, una comisión sectorial y los grupos de trabajo de las distintas administraciones públicas necesarios para abordar las cuestiones que requieran una solución en la industria.   

El reglamento fue aprobado en la última reunión del Consejo, el pasado 30 de enero en Madrid.