La Secretaría de Economía de Brasil pidió en 2020 a la Policía Federal (PF) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigasen una presunta explotación irregular de las apuestas deportivas en el país, sector que todavía, dos años después, no ha sido regulado. Los documentos se enviaron a los dos organismos de investigación en 2020 pero el caso ha sido aireado ahora por los medios locales.