La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en diciembre un informe de la Subcomisión Permanente de Regulación de Apuestas Deportivas, vinculada a la propia comisión, que sugiere la presentación de un proyecto de ley para garantizar que los atletas reciban una parte directa de los montos pagados por las apuestas.

Según el texto, al menos el 50% del monto asignado para el uso del nombre y la imagen debe transferirse obligatoriamente a los atletas que participaron en el evento incluido en las apuestas.

Esta división debe hacerse proporcionalmente a la participación de cada atleta en la competición. La norma se aplicará a los atletas nacionales o extranjeros que jueguen en clubes y organizaciones deportivas con sede en Brasil.

El proyecto de ley también define cómo llegará el dinero a los atletas. En lugar de hacerlo a través de clubes o confederaciones, el pago se realizará de la siguiente manera:

Las casas de apuestas enviarán el dinero a las uniones de categorías. Estas entidades de categorías serán responsables de la logística de la distribución; el sindicato responsable tendrá hasta 72 horas después de recibir los fondos para transferir el monto correspondiente al atleta.

El informe, propuesto por el diputado Caio Vianna (PSD-RJ), es el resultado de meses de audiencias públicas y análisis técnicos sobre el impacto de las apuestas en la economía y la salud pública.

La subcomisión también discutió la recaudación, asignación y ejecución de recursos provenientes de las apuestas de cuotas fijas, entre otros temas.

“El proyecto de ley busca subsanar un vacío regulatorio que ha impedido que los atletas reciban efectivamente la compensación prevista por la ley por el uso de su imagen y otros derechos de personalidad en las apuestas de cuotas fijas”, declaró el relator.

Caio Vianna también presentó solicitudes de información y sugerencias relacionadas con la mejora de los mecanismos de supervisión, la prevención del fraude y el amaño de partidos, y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.

“El debate sobre temas como la consolidación de protocolos integrados de fiscalización, el uso de tecnologías de seguimiento financiero y deportivo y la protección de grupos vulnerables a la ludopatía se considera prioritario”, argumentó Vianna.