Baleares no concederá más licencias de juego en «próximas décadas»
28 abril 2022 10:55 am GMT | Last updated: 28 abril 2022
Baleares no concederá más licencias de salas de juegos y apuestas en «las próximas décadas», de acuerdo a la modificación de la Ley del Juego que incluye una moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual no se reduzca a la mitad.
Con esta medida, el archipiélago se convierte en la primera comunidad autónoma que trata de impedir de esta manera la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas, ha informado la Conselleria de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos.
El vicepresidente autonómico y responsable de la Consellería, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este miércoles la modificación de esta norma después de reunirse con representantes de la Mesa Social del Juego.
La propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014 fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes, tres casinos y cuatro bingos, e incluye la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra, que supondrá reducir prácticamente a la mitad el número actual, de 140.
En próximas décadas
No se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias e implica que no se concederán más licencias de juego en las islas al menos en las próximas décadas.
«No podíamos continuar doblando la media española de salas por habitante», ha comentado el vicepresidente autonómico, quien ha asegurado que los juegos de azar son «una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio».
Ha insistido en la apuesta del gobierno autonómico «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal», y ha hecho hincapié en evitar que Baleares se convirtiera en un «Las Vegas low cost».
Yllanes ha destacado la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar la dinámica de aperturas, así como la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria para consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia.