El Gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de ley sobre máquinas tragamonedas que está actualmente en proceso en el Congreso chileno.
La ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, remarcó que debe regularse, sobre todo, por “aquellas comunas donde existen sectores más vulnerables que se empobrecen día a día por tener acceso a una oferta ilegal como son las tragamonedas”.
Por ello, confirmó que se establecerán sanciones y fiscalizaciones al uso de estas máquinas.
Las máquinas de premio programado que operan en Chile son ilegales ya que ninguna tiene la certificación que entregan las empresas autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Su ilegalidad fue establecida en una circular que emitió dicha entidad en 2016 pero que, por carecer de facultades fiscalizadoras, quedó en letra muerta, permitiendo con ello que decenas de alcaldes las autoricen a través de patentes comerciales, como una manera de obtener mayores recursos económicos.
Sin embargo, en 2017 la Contraloría realizó una auditoría sobre la explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios y concluyó que es el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones, el encargado de reprimir su uso cuando no cumplen la normativa.
Según indicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, “como Ministerio del Interior tomamos el tema y creemos que debemos aportar a este proceso todo aquello que permita al municipio dirimir si es un juego de azar o de destreza”.