El Gobierno de Mato Grosso do Sul suspendió el lunes la subasta de R$ 51,4 millones para la creación y gestión de Lotesul. En la apertura, tres empresas, cuyos nombres se mantuvieron ocultos, presentaron propuestas, que corresponden a la que presente la mayor transferencia de ingresos al gobierno. Uno de ellos presentó 21,57%, siendo la mejor propuesta, según informó de Correio do Estado y avanzó BNLData.

Con tres competidores cuyas propuestas fueron aceptadas, la subasta finalizó menos de tres minutos después de haber comenzado. Esto ocurrió en respuesta a una solicitud de “aclaración presentada por el señor Rafael Willian de Melo, recibida el 15 de marzo de 2025”, dice el texto del subastador Bruno Pereira Coelho.

“Considerando las cuestiones presentadas y la necesidad de asegurar la transparencia del proceso licitatorio, así como evitar futuros cuestionamientos sobre posibles restricciones indebidas a la amplia competencia, resulta imprescindible suspender temporalmente la Subasta Electrónica N° 009/2024”, señala la documentación oficial.

La suspensión se justifica para garantizar una evaluación adecuada de las propuestas y evitar pérdidas a los licitantes, dado que el plazo de entrega constituye un criterio esencial de análisis, según lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Estatal n.º 16.118/2023. En vista de lo anterior, se suspende el concurso y su continuación se anunciará en el Boletín Oficial Electrónico – DOE/MS.

Antes del pasado día 15, el proceso ya había recibido dos solicitudes de objeción y una tercera de explicaciones. Aun así, la subasta quedó programada para el lunes por la mañana. Ahora, según el Departamento de Finanzas del Estado, la nueva fecha para la subasta depende del Departamento de Administración del Estado.

El concurso atrajo a tres empresas. Uno de ellos presentó la propuesta mínima, transferir el 16.17% de los ingresos al gobierno estatal. Los otros dos ofrecieron rentabilidades mayores, 17,2% y 21,57%.

En la solicitud de aclaración, Rafael William alega que en una parte del aviso se indica que “el oferente no podrá identificarse al momento de llenar la propuesta”.

Sin embargo, en otra sección se exige que «el nombre del proponente, la firma y el sello de la empresa se incluyan en el anexo de la propuesta. Ante esta disposición, surge la pregunta: ¿debería la empresa completar todos los campos del anexo de la propuesta o dejarlo en blanco, sin identificación?», pregunta, identificándose como ingeniero de São José dos Campos (SP).

Según estimaciones, la empresa que gane la licitación para gestionar la Lotería del Estado de Mato Grosso do Sul (Lotesul) podría tener una facturación anual de hasta R$ 1.400 millones, según una estimación realizada por el Gobierno del Estado.

Aunque el pliego de condiciones indica que la “estimación del ingreso promedio anual por remuneración de la plataforma es de R$ 51.474.339,31”, en los términos de referencia elaborados por la Secretaría de Hacienda del Estado (Sefaz), organizadora del concurso, el valor que la herramienta puede alcanzar es mucho mayor.

“Los ingresos anuales derivados de la exploración de modalidades de lotería pueden alcanzar hasta el 0,85 % del PIB estatal. Sin embargo, este nivel depende de factores que van desde la asertividad del producto hasta el apetito del mercado de consumo a lo largo del tiempo”, afirma un extracto del documento.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PIB de Mato Grosso do Sul en 2022 fue de R$ 166.800 millones. La participación del 0,85%, significa por tanto una facturación de R$ 1.417 millones.

Este año, la estimación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación (Semadesc) es aún más alentadora: el PIB alcanzará los R$ 227.800 millones. Si eso ocurre, la ganancia alcanzará cerca de R$ 2.000 millones por año.

Si la recaudación del ganador alcanza ese valor, el gobierno estatal, que tendrá derecho al menos al 16,17% de la recaudación bruta, podrá recibir R$ 229 millones anuales por la explotación de los juegos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el PIB alcanza el nivel previsto este año y se aprueba la mejor propuesta (21,57%), el retorno anual para el poder público estatal puede llegar a R$ 430 millones.