En la reunión de la comisión de investigación de apuestas en el Senado de Brasil, el presidente del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), Sérgio Pompilio, defendió la acción conjunta entre el sector privado y público en la regulación de la publicidad sobre apuestas.
Según él, la publicidad a través de influenciadores digitales en las redes sociales —uno de los focos de la investigación de la comisión— es el mayor desafío para las operaciones de Conar, que hasta ahora estaban basadas en empresas.
Pompilio explicó que la entidad privada trabaja en alianza con la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), órgano del gobierno federal que supervisa el sector, para adaptarse a la nueva realidad de la comunicación digital y la liberación de apuestas.
“Se está construyendo un “sistema de consecuencias” en el cual [los casos problemáticos identificados por el Conar] generarán una lista para la secretaría, que tiene poderes de policía, para que se puedan tomar otras medidas. Lo más probable es que la consecuencia, además de la multa, sea la suspensión de la autorización de la empresa de apuestas”, precisó.
En respuesta a la relatora de la comisión, la senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Pompilio afirmó que “aún no existe un sistema cerrado y alineado de consecuencias” con la SPA para frenar los abusos de los influencers en la divulgación de las apuestas.
Las normas sobre publicidad en el sector se basan en la Ley 14.790, de 2023, y en la Ordenanza 1.231, de julio de 2024, del Ministerio de Hacienda. Entre las prohibiciones están, por ejemplo, hacer falsas promesas de ganancias o incentivar la maternidad o la paternidad.
Conar es un organismo autorregulador privado, sin fines de lucro, en el que los agentes del sector privado se someten a sus reglas y decisiones. Pompilio explicó que el juicio de la organización está sobre las piezas publicitarias (que se pueden mantener, cambiar o suspender), y no sobre el agente, por ejemplo, con el uso de multas.
El testimonio respondió a una solicitud del senador Izalci Lucas (PL-DF), quien presidió la reunión (REQ 116/2024 – CPI das Bets). Según Izalci, algunos expertos consideran que las acciones del Conar son “ineficaces para frenar la publicidad abusiva de las apuestas”, incluso con la creación en 2023 de un anexo específico en el código del Conar para el sector de las apuestas.
Izalci también informó que el testimonio del influencer digital Luiz Ricardo Melquiades, conocido como Rico Melquiades, que tendría lugar en la misma reunión, fue pospuesto.
Los senadores Eduardo Girão (Novo-CE) y Damares Alves (Republicanos-DF) afirmaron que están en contra de la publicidad en el sector de apuestas. Damares es el ponente del Proyecto de Ley (PL) 3.563/2024, que trata el tema, y presentó una versión que prohíbe la publicidad de apuestas.
“Fue una votación muy difícil. Lamento que ahora un niño, para poder comprar la camiseta de un equipo, tenga que hacer pública una apuesta. ¡Qué vergüenza! Da vergüenza tener que ver fútbol y tener que ver constantemente el nombre “apuestas”, “apuestas”, “apuestas”…”, afirmó.
En opinión de Pompilio, la publicidad, al estar regulada, tiene la ventaja de dejar claro al público qué empresas están autorizadas por el gobierno federal, en detrimento de las ilegales.
“El camino de una eventual prohibición completa podría generar mucha más confusión y pérdidas, porque deja el campo abierto en la oscuridad para cualquiera que quiera actuar ilegalmente. El ochenta por ciento de las quejas que recibimos, ya sea de consumidores o de otras casas de apuestas, son sobre apuestas no autorizadas. Ése es el problema”, añadió.
El sector de apuestas viene experimentando una apertura desde 2018 con la Ley 13.756, cuya reglamentación elaborada por el Poder Ejecutivo recién se implementó efectivamente en enero de 2025, luego de una fase de transición en 2024.
Influencers
Pompilio afirmó que los influencers digitales juegan un papel fundamental en la dificultad de Conar para gestionar la publicidad. Según el invitado, por ley, los anuncios realizados por influencers están dentro del ámbito de aplicación del Conar. Sin embargo, es necesario “ampliar el ecosistema” para que la regulación sea efectiva.
Como solución, Pompilio afirmó que el Conar busca realizar “capacitaciones éticas” con influencers, otorgarles “acreditaciones” y concientizarlos sobre los deberes y sanciones previstos en la ley.
“Cuando tengamos ese marco bien estructurado, será fácil para una apuesta saber quiénes son los influenciadores que han pasado por una formación ética, que conocen el sistema de consecuencias. Si no respetan estas reglas, simplemente no serán contratados [por apuesta]”.
Si el influencer entiende que está anunciando una apuesta no autorizada, la consecuencia inmediata es que ya no será contratado por aquellas marcas que quieran un profesional que trabaje con las reglas de la publicidad responsable.
El representante del Conar también explicó que la agencia utiliza una plataforma contratada que utiliza inteligencia artificial para “monitorear toda la publicidad existente”. Si bien el “sistema de consecuencias” del SPA no está operativo, la acción del Conar está restringida a agentes privados.
“Podremos pedirle al anunciante que retire [un anuncio que infrinja la ley]. Si no lo eliminas, pídele al influencer que lo haga. Si [el influencer] no lo elimina, la plataforma tiene que eliminarlo. Hoy en día se tratan de casos muy concretos en los que Google o Meta no dan resultados. [Sobre las apuestas ilegales] No tengo forma de controlar una empresa que se creó en el continente asiático, pero […] llegan a los adolescentes”, afirmó.
La comisión ya ha recibido 15 solicitudes de declaraciones o envío de información bancaria y tributaria relacionada con influencers digitales.
En la reunión, la senadora Soraya Thronicke se quejó por la extensión de sólo 45 días para que entre en funcionamiento el IPC (que terminará en junio), en lugar de los 130 días que esperaba. Dijo que no fue informada del plazo acordado por los dirigentes. La relatora criticó lo que considera obstáculos para el avance de los trabajos del colegiado, como la constante ausencia de senadores y la consecuente “dificultad para obtener el quórum” para las deliberaciones, además de testimonios “que no se produjeron”.
El relator también apoyó la petición de Girão para que el lobbyista, empresario y abogado Silvio Assis sea escuchado por la CPI. El senador mencionó un informe de diciembre de 2024 según el cual Silvio Assis habría “extorsionado a empresarios del sector de las apuestas utilizando el IPC como herramienta de presión”.
“El mecanismo de este supuesto esquema consistiría en que parlamentarios, que no estuvieran involucrados directamente en la extorsión, presentarían una solicitud para citar a empresarios a declarar ante la CPI. Luego, un conocido lobbysta de Brasilia, identificado como Silvio Assis, con supuesta influencia sobre congresistas, se acercaría a los empresarios, ofreciéndoles «soluciones» para evitar el «malestar» pagando grandes sumas. La revista Veja presentó acusaciones graves”, afirmó Girão.
Soraya, quien es mencionada en el artículo como «vinculada a Silvio Assis», afirmó que es víctima de calumnias y difamaciones. Ella propuso una reunión de la mesa directiva para escuchar a ella, a Silvio Assis y al senador Ciro Nogueria (PP-PI), también mencionado en el artículo como el denunciante del supuesto esquema a la Mesa del Senado.
“Me gustaría un enfrentamiento entre el senador Ciro, el propio señor Silvio y yo. Él [Silvio Assis] está pidiendo venir y no lo dejan. ¿Por qué? Porque él también tiene algo que contar”, afirmó Soraya.