La asociación de casinos mexicana AIEJA trabaja por la creación de una “política real de Estado” sobre el juego en el país. La asociación aglutina a 73 empresas de la industria mexicana para fortalecer un gremio que ha tenido 17 reguladores entre 2004 y 2025, pero que todavía cuenta con una ley del año 1947. 

Con la presidenta Claudia Sheinbaum se ha creado una mesa de trabajo y esperan elaborar una nueva ley que lleve a México a los estándares de modernización que corresponden a este mercado. Pero la nueva ley del juego sigue estando pendiente. 

Durante 2018, se trabajó desde la Dirección General de Juegos y Sorteos en estrecha colaboración con las dos asociaciones que representan a la industria una propuesta de marco jurídico apropiado. Esa propuesta no fue retomada por las nuevas autoridades del partido de Sheinbaum, por lo que sigue pendiente mejorar la regulación, también la del juego en línea y modernizar la Ley General de Juegos y Sorteos.

No obstante, desde AIEJA consideran esperanzadora esta última etapa, desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum, que ganó las elecciones del 2 de junio de 2024, se ha creado una una mesa de trabajo bajo el auspicio del regulador, la Secretaría de Gobernación, para reflexionar conjuntamente y brindar información para elaborar una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Desde el punto de vista de AIEJA, su papel pasa por colaborar con la autoridad federal a diseñar un marco jurídico flexible, adecuado y con miras a la evolución futura de la tecnología para ofrecer mayor certeza a los inversores nacionales e internacionales, y reforzar la seguridad jurídica. 

Añaden que todos los expertos coinciden en que “México tiene un mercado privilegiado, que podría convertirse en uno de los más importantes de América Latina y ubicarse entre los de mayor atractivos para inversionistas nacionales e internacionales”.

El país cuenta con una población de cerca de 130 millones de habitantes, urbanizada al 80%; 115,4 millones de conexiones a telefonía celular, por parte de un 89% de la población; 92,01 millones de usuarios de Internet, y 25,8 millones de hogares con acceso a internet, mediante una conexión fija.

423 casinos en 30 estados

En México hay 423 casinos abiertos en 30 estados de la República bajo los derechos de 38 permisionarias. Más de 100.000 máquinas legales funcionan en las salas del país, y alrededor de 80 plataformas de operadoras online están plenamente reconocidas por el regulador.

Además, ponen de manifiesto la importante tendencia al crecimiento de la industria del juego en el país. Como ejemplo, indica que en 2017 había 1,5 millones de jugadores y que para 2028, se espera que este número se cuadruplique, alcanzando los 6 millones. 

En cuanto a los ingresos de los casinos en línea, sumaban 160 millones de dólares en 2017. Se estima que serán de 1.290 millones de dólares en 2028. Respecto a las apuestas deportivas, en 2017 había 1,5 millones de apostadores deportivos. 

Para 2028 se estima que alcanzarán los 3,3 millones. Y en cuanto a ingresos generados por las apuestas deportivas en línea, fueron de 590 millones de dólares en 2017. Se prevé que alcancen 1.740 millones de dólares en 2028.

El juego online en México ha crecido de manera exponencial. Sin embargo, desde AIEJA consideran que se encuentra aún “insuficientemente regulado”. Según sus estimaciones, más del 60% de la oferta se encuentra fuera del marco regulatorio, bien por operadores ilegales o por operadores legales pero en terceros países sin reconocimiento en México.

Esto, añaden, provoca evasión fiscal por parte de las empresas no reconocidas que ofrecen el servicio; falta de control sobre la edad de los jugadores, y carencia de seguridad con respecto al pago de premios. 

Para contribuir a mejorar la industria mexicana, AIEJA propone que se tomen medidas fiscales que atraigan la inversión extranjera, y que se aúnen los impuestos que actualmente pagan los operadores. En este momento, los operadores mexicanos abonan sus impuestos a la Federación, a los estados y a los municipios. Y consideran que es el “sector de actividad más gravado fiscalmente, en términos proporcionales”, por lo que solicitan una sola contribución a la Federación para su posterior distribución a los estados y los municipios.