La entidad alcanza cifras récord en su balance histórico y logra la destrucción de 15.644 equipos no autorizados en Colombia.
Coljuegos ha presentado el balance de su estrategia integral de lucha contra la ilegalidad desarrollada durante el Gobierno del Cambio, una gestión orientada a fortalecer la legalidad, proteger los recursos públicos y recuperar fondos destinados a la salud de los colombianos. Este despliegue institucional se ha consolidado como el mayor resultado en la historia de la entidad regulatoria dentro de su combate contra las operaciones no autorizadas de juegos de suerte y azar.
En el marco de esta ofensiva, se concretó la incautación de 12.852 elementos ilegales en 24 departamentos del país mediante 514 operativos ejecutados en articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, autoridades territoriales y otras entidades competentes. El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, destacó que las estructuras criminales operaban bajo una presión inédita gracias a golpes propinados en las principales ciudades, asegurando que para la actual administración nunca existieron territorios vedados. Asimismo, por primera vez en su trayectoria, el organismo logró la destrucción de 15.644 elementos ilegales, abarcando máquinas electrónicas tragamonedas, módulos de apuestas, ruletas y diversos equipos utilizados al margen de la ley.
Según detalló Hincapié, la operatividad no autorizada provocó que más de $400.000 millones dejaran de ingresar al sistema de salud nacional, perjudicando de forma directa la atención de millones de ciudadanos. En el ámbito digital, la estrategia derivó en la emisión de 58.916 órdenes de bloqueo contra sitios web dedicados a operar y promocionar apuestas ilegales, cifra que incluye 437 perfiles en redes sociales que impulsaban casas de apuestas no autorizadas.
En materia administrativa y judicial, Coljuegos trasladó a la Fiscalía General de la Nación más de 1.961 procesos que permanecían estancados desde 2017 para investigar a los responsables. Paralelamente, la entidad impuso 209 sanciones por un valor superior a $94.739 millones. El progreso de estas acciones operativas y preventivas se vio respaldado por la firma de 56 pactos por la legalidad suscritos con alcaldías, gobernaciones, operadores, gremios y concesionarios de chance, afianzando la corresponsabilidad territorial para garantizar que los recursos financieros se transformen en bienestar social.