Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, reveló que la Subtel acumula seis impugnaciones administrativas, tres recursos de protección y una demanda ordinaria por la ejecución de los cierres de dominios
El alcance de la intervención técnica refleja la magnitud de la controversia. De acuerdo con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), desde el 19 de agosto se ha instruido la inhabilitación de 174 sitios web no regulados, orden remitida a los seis principales proveedores de servicios de internet del país: Wom, Entel, Claro, Movistar, VTR y GTD.
Estrategia judicial: recursos de protección y combate a las competencias del regulador
El frente judicial impulsado por los operadores avanza en tres vías con dinámicas distintas. El recurso de protección presentado por CoolBet fue rechazado en primera instancia y se encuentra a la espera de la resolución de una reposición, mientras que la acción promovida por EpicBet fue declarada inadmisible, manteniendo una apelación en trámite. Por su parte, Latamwin mantiene un recurso pendiente de revisión y ha sumado una demanda de mera certeza con el objetivo directo de que la justicia declare formalmente que ni la Subtel ni la Superintendencia poseen facultades legales para calificar la licitud de sus operaciones. Ante esta ofensiva, tanto Romina Garrido como el superintendente Eduardo Cáceres justificaron su actuación bajo la misma premisa: ni la Subtel ni la SCJ determinan de forma discrecional la ilegalidad de los sitios, sino que ejecutan los mandatos judiciales preexistentes.
Vía administrativa, presión institucional y limitaciones técnicas
En el ámbito administrativo, las autoridades registran seis solicitudes directas para dejar sin efecto las órdenes de bloqueo, presentadas por EstelarBet (dos recursos), Betano (dos solicitudes), Betsala y Jugabet. Durante la sesión, la subsecretaria describió un contexto de alta presión institucional, denunciando una agresiva campaña de comunicación orientada a tildar de ilegal el actuar estatal, sumada a la recepción de escritos administrativos con redactados de carácter intimidatorio. Respecto a la efectividad de las medidas, Garrido reconoció una limitación técnica estructural: la efectividad del bloqueo se ve contrarrestada por la capacidad de los operadores de migrar de inmediato a nuevos dominios (mirror sites), eludiendo de forma sistemática el cumplimiento práctico del fallo.
Vacío normativo y dilación parlamentaria en el Senado
El superintendente Eduardo Cáceres reiteró la postura histórica del regulador: al carecer de un marco legal específico, la SCJ no dispone de competencias normativas para fiscalizar, sancionar o regular a estas empresas, por lo que la única solución de fondo radica en la aprobación del proyecto de ley de regulación del juego online.
Sin embargo, el trámite legislativo ha vuelto a dilatarse. El Senado extendió el plazo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 26 de octubre a las 12:00 horas, tras haber vencido la fecha límite inicial sin que el Ejecutivo ingresara sus observaciones. La Secretaría General del Senado convocó a los comités para viabilizar esta apertura, mientras que desde La Moneda, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, defendió el aplazamiento argumentando la complejidad del segundo trámite constitucional y la necesidad de reestructurar un debate que permaneció paralizado durante meses.