Según medios generalistas chilenos, la Corte de Apelaciones de Santiago implementó un protocolo dinámico de cinco etapas que obliga a los proveedores de internet a restringir el acceso a plataformas no autorizadas.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una resolución judicial decisiva en el marco de la contienda impulsada por Lotería de Concepción y Polla Chilena de Beneficencia contra la operación no autorizada de iGaming en Chile, de acuerdo con reportes de la prensa local chilena. El tribunal ratificó un procedimiento técnico permanente y actualizable para hacer efectivo el bloqueo de sitios web y casas de apuestas online que operen de forma ilegal, en cumplimiento de lo ordenado previamente por la Corte Suprema.
La medida se basa en la propuesta elaborada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que optó por aplicar restricciones a nivel de Sistema de Nombres de Dominio (DNS) tras descartar alternativas como SNI y DPI debido a su carácter más intrusivo y sus eventuales riesgos en materia de privacidad, protección de datos y ciberseguridad.
El esquema operativo aprobado establece un protocolo estructurado en cinco fases para garantizar la precisión de los bloqueos. En primera instancia, los recurrentes deben notificar los dominios, subdominios, redirecciones y sitios espejo identificados a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Una vez que la SCJ valida de forma oficial que los sitios corresponden efectivamente a plataformas no autorizadas, la Subtel emite la instrucción técnica correspondiente a las empresas proveedoras de servicios de internet, entre las que se encuentran Claro, Entel, GTD Manquehue, Telefónica Chile, VTR y WOM. Dichas operadoras dispondrán de un plazo determinado para ejecutar la restricción y deberán acreditar ante la Corte de Apelaciones el cumplimiento efectivo de la medida.
Según destacaron los medios chilenos, el dictamen judicial contempla además mecanismos de rectificación ante posibles afectaciones de servicios lícitos de terceros y permite incorporar nuevos dominios de manera sucesiva sin requerir un nuevo proceso de tramitación judicial.
La determinación ha reavivado la controversia institucional sobre el tratamiento de la industria no regulada en el país, habida cuenta de los cuestionamientos formulados respecto de la falta de coherencia en la actuación del Estado, ante las iniciativas paralelas del Servicio de Impuestos Internos (SII) de aplicar esquemas tributarios a operadores cuyo funcionamiento ha sido catalogado como ilícito por el máximo tribunal.