La Asociación Nacional de Loterías Municipales y Estatales – ANALOME divulgó este martes una nota oficial sobre la posición de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda – SPA-MF contra la creación de la Lotería Municipal de São Gonçalo, tal y como publica el portal brasileño BNLData.
Según la entidad, creada en diciembre del año pasado, la Constitución Federal garantiza a los municipios la facultad de legislar sobre asuntos de interés local. Destaca también que la libertad de elección de los apostadores entre entidades federadas es un principio fundamental que debe respetarse y que la lotería es un servicio público definido por la ley. “La creación de loterías municipales no sólo se alinea con los principios de igualdad y autonomía municipal, sino que también promueve la libre competencia entre las distintas entidades federativas”, argumenta.
Según la entidad, contrariamente a lo afirmado por el Ministerio de Hacienda, la jurisprudencia reciente a través de la sentencia del Supremo Tribunal Federal de las ADPFs en 2020, apunta a la inexistencia de un monopolio sindical y a la posibilidad legal de creación de loterías por parte de los Estados, Distrito Federal y Municipios.
“La decisión de la Corte Federal en 2020 reconoció que otras entidades federativas tienen derecho a establecer sus propias loterías, siempre que se respeten los lineamientos establecidos por la legislación federal”, argumenta.
Según la entidad, la iniciativa del municipio de São Gonçalo en Río de Janeiro tiene como objetivo generar recursos para el municipio y también atender las necesidades de la población local a través de importantes inversiones en sectores fundamentales.
Al final de la nota, la entidad reafirma su apoyo a la iniciativa de la Alcaldía de São Gonçalo y a la autonomía de los municipios en la creación de sus propias loterías, siguiendo los ejemplos de importantes capitales como São Paulo, Belo Horizonte y Belém y otros “municipios que ya cuentan con servicios públicos de lotería aprobados por ley y regulados por decretos, por lo que es esencial que el debate sobre este tema se guíe por el respeto a las normas constitucionales y la búsqueda del bienestar social”.