El presidente del Consejo Nacional de Juegos de Azar de Paraguay, Javier Balbuena, dijo a Gaming Intelligence que el organismo está “evaluando” el contenido del dictamen emitido la semana pasada por la Contraloría General de la República en el que pide cancelar la adjudicación de la explotación de apuestas deportivas a la firma Daruma Sam SA.
En diciembre de 2017, la Conajzar anunció que Daruma Sam había ganado la licitación pública para la concesión de la explotación de apuestas deportivas con carácter de exclusividad en el territorio nacional por un período de cinco años, de acuerdo con la resolución n.° 60/17. La firma Jockey Club del Paraguay fue descalificada por “falta de documentos sustanciales en la forma requerida en el Pliego de Bases y Condiciones”. Según estimaciones del Estado, la explotación de apuestas deportivas por un periodo de cinco años inyectaría alrededor de 544.413.195.900 guaraníes a la economía del país; es decir, un ingreso mensual de 9.073.553.265 que supone un promedio anual de 108.882.639.180 guaraníes.
El pasado jueves 15 de febrero, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, suscribió el Decreto Nº 8535 que dio luz verde a la adjudicación y firma del contrato a favor de Daruma Sam.
Sin embargo, luego de corroborar irregularidades denunciadas por tres empresas oferentes, el viernes 16 la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluyó y recomendó declarar “desierto el proceso licitatorio de referencia, previa revocación de la resolución de adjudicación dispuesta, a los efectos de la adecuación constitucional” del llamado para la explotación de apuestas deportivas.
La nota enviada por el contralor José E. García al titular de la Conjazar hizo hincapié en que la licitación establece un “diseño monopólico” de la actividad, lo que supone un tema “constitucionalmente incompatible”.
La entidad contralora además resaltó que las recomendaciones de la CGR son de carácter obligatorio ya que así lo dispone la Constitución Nacional. Por este motivo, llama a las autoridades de la Conajzar a acatar las disposiciones y a hacer una nueva licitación.
Segun Balbuena, “Los que no pudieron cumplir con los requisitos del pliego, recurrieron a la Contraloría para descomponer la licitación”. En diálogo con Gaming Intelligence dijo que el organismo convocará a sesión a fines de “resolver lo que sea mejor para los intereses del Estado”. Se espera una respuesta en aproximadamente 15 días, luego de que el tema sea tratado por la Comisión.
