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Conajzar plantea modernizar la ley de explotación de juegos de azar

25 febrero 2019 9:19 am GMT
bandera Paraguay

El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortíz, señaló que el principal objetivo del ente en los próximos meses es la presentación de una actualización de la ley que crea a la Comisión y adecuarla a los nuevas modalidades de juegos.

La Ley 1.016/97, por la que se crea la Conajzar, no incluye muchas de las modalidades de juegos que existen en la actualidad, por lo que se presentará una actualización que de previsibilidad a todos los juegos de azar posibles, manifestó en el espacio #PyEn15.

Ortiz señaló que se espera presentar el proyecto de ley en el primer semestre de este año. Un proyecto similar fue presentado hace dos años en el Congreso, pero no tuvo el impulso necesario.

En ese tiempo se interactuó con instituciones afines de otros países y comparando legislaciones que regulan los juegos de azar para incluir al proyecto de ley nacional.

Con la nueva ley se prevé también incluir nuevas formas de regulación a los juegos de azar, como controles en línea y fortalecer los vínculos con las Municipalidades para los controles y la información sobre el canon que deben percibir las comunas.

A partir de allí se contará con previsibilidad en las tareas de la Conajzar, que redundará en mayor transparencia en las actuaciones de la Comisión, declaró Ortíz.

La Conajzar es el ente encargado de regular todos los juegos de azar y su aplicación. En este sentido, una de sus principales funciones son las licitaciones para la explotación de sitios de juegos de suerte.

La comisión está conformada por un representante del Ministerio del Interior, otro de la Dirección Nacional de Beneficiencia (Diben), de las Municipalidades, de las Gobernaciones y el representante del Ministerio de Hacienda, que ejerce la presidencia.

Anualmente, la Conajzar recauda alrededor de US$ 20 millones en concepto de canon, que se distribuyen de la siguiente manera: un tercio para programas de asistencia de la DIBEN, otro para las Municipalidades y las Gobernaciones, y el 10 por ciento restante para la Dirección Nacional del Tesoro.

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