Según una nueva normativa de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos de Uruguay, los casinos que no reporten operaciones sospechosas podrían recibir multas de hasta dos millones de dólares.
Daniel Espinosa, titular de la Secretaría, dijo que en Uruguay hay cuatro obligados a reportar esas operaciones, dos privados: Enjoy y Carrasco; y dos públicos: los casinos municipales y la Dirección General de Casinos.
Espinosa añadió que en 2018 la Secretaría trabajó con todos los casinos para evaluar los riesgos y las medidas de control a aplicar y en octubre emitió un decreto que reglamenta la actividad.
El decreto establece que quienes apuesten hasta 3.000 dólares no tendrán la necesidad de identificarse. Esa medida tiene por objeto proteger al apostador turístico y social, señaló Espinosa.
A medida que las apuestas superen los 3.000 dólares, se incrementarán los controles hasta la necesidad de justificar el origen del dinero, indicó.
Para los casinos que no realicen los controles, las sanciones van desde la observación y el apercibimiento, hasta multas de hasta dos millones de dólares.
Sobre el caso de Mónica Rivero, quien apostó más de cuatro millones de dólares entre 2007 y 2017 en el casino del hotel Enjoy de Punta del Este, la Secretaría Antilavado aguarda un informe de inspección para determinar si hubo omisiones a los controles.