El Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) elevó en enero una acción constitucional (ADPF 563) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el fin de anular dos decretos (uno de 1941 y otro de 1946) que prohíben la explotación de juegos de azar a particulares, y así legalizar la industria.
Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la regulación del juego debe definirse por la vía legislativa. «Nuestro abogado —de la Procuraduría General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués)— presentó su posición, pero no es una imposición. Si tiene que dejar de ser una contravención o no debe ser decidido por la Cámara de Diputados y el Senado», aseguró Bolsonaro.
Según el PHS, «permitir la explotación privada del juego no ofende la moral y las buenas costumbres y está en perfecta sintonía con la legislación de la gran mayoría de los países del mundo. La prohibición no encuentra sustentación y validez en la Constitución de 1988″.
“Fuentes off the record sostienen que, entre bastidores, Bolsonaro se está moviendo a favor de la legalización del juego”, afirmó Edgar Lenzi, fundador y director de la consultora brasileña BetConsult, en diálogo con GIEspañol.
“Lo que quiere decir Bolsonaro con sus declaraciones es que, si efectivamente el juego se legaliza, eso debe suceder en un marco donde haya certeza legal por parte del Congreso. De esa manera se evita la incertidumbre que suponen los fallos judiciales, como es el caso de los salones de bingo que abrieron o cerraron sus puertas en base a decisiones judiciales. El presidente está a favor de que el Poder Legislativo actúe con la responsabilidad que el tema merece”, añadió Lenzi.
La Procuraduría General de la Unión, representada por el abogado André Mendonça, envió una presentación opuesta a la del PHS, donde argumentó que «la práctica de los juegos de azar suscita múltiples implicaciones socialmente nocivas». Días atrás, reforzó su posición: «El juego de azar es una puerta de entrada para el lavado de activos, actividades ilícitas, ocultación de patrimonio, y genera vicio, no podemos aceptar que el juego sea legal y a eso nos opusimos».
Ahora el STF debe determinar si la contravención por la explotación de juegos de azar, que consta en la Ley desde 1941, se contrapone a los preceptos de la Constitución brasileña de 1988.
