El magistrado Luiz Fux cita el 3 de noviembre a 26 instituciones del Estado, la industria, la sociedad civil y los clubes de fútbol para evaluar el impacto de la Medida Provisional 1.394/2026

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha dado un paso decisivo en la batalla judicial que mantiene paralizado el mercado de apuestas en el país. El magistrado instructor Luiz Fux ha convocado formalmente una audiencia pública para el próximo 3 de noviembre, a las 10:00 horas, con el objetivo de analizar las consecuencias jurídicas, socioeconómicas e institucionales de la Medida Provisional 1.394/2026, la directiva presidencial que decretó la prohibición de las apuestas de cuota fija y la revocación de las licencias operativas en vigor.

La sesión, que tendrá lugar en la sala de la Segunda Sala del STF en Brasilia, se articula en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 8027, promovida por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL).

Ofensiva judicial de la industria

En su recurso, la patronal del juego demanda la concesión de una medida cautelar que suspenda con efecto inmediato el decreto gubernamental, reclamando en última instancia la declaración de inconstitucionalidad de la norma.

La tesis de la ANJL sostiene que la medida provisional vulnera principios constitucionales básicos y solicita expresamente que el tribunal ratifique la plena validez de las leyes que regularon previamente el sector en el país. La convocatoria responde a una petición conjunta elevada por la propia asociación demandante, la Abogacía General de la Unión (AGU) y los actores personados como amici curiae.

La posición de la AGU: nuevos datos sobre la mesa

Por su parte, la Abogacía General de la Unión respaldó la necesidad de abrir el estrado a un nuevo debate técnico tras la audiencia celebrada a finales de 2024. Según el organismo estatal, el escenario ha variado sustancialmente: la acumulación de datos recientes sobre el impacto socioeconómico del juego, sumada a la entrada en vigor de la propia Medida Provisional, exige confrontar los argumentos de los diferentes sectores en sede judicial antes de emitir un fallo de fondo.

La agencia estatal defendió una mesa plural que integrara a reguladores, comunidad científica, defensores de los derechos del consumidor, agentes económicos y operadores de la industria.

Un panel transversal: del Ministerio de Hacienda al fútbol profesional

El auto dictado por el magistrado Fux autoriza la comparecencia de 26 entidades de máxima relevancia institucional y económica.

El bloque sectorial e industrial estará encabezado por la ANJL, el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC). Por parte del aparato estatal comparecerán el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia AGU.

El deporte profesional, uno de los sectores más expuestos financieramente a la parálisis de los patrocinios, contará con una representación de peso. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) acudirá junto a delegaciones de clubes de primera línea como Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo y Cruzeiro, además de Ponte Preta, Vitória, Guarani y Portuguesa.

El cuadro de participantes lo completan la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), la Asociación Brasileña de Abogados Penalistas (ABRACRIM) y centros académicos de análisis de políticas públicas como el Laboratorio de Regulación Económica de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ Reg).