El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Chile para regular el mercado del juego en línea ha reabierto el debate sobre los límites de la intervención estatal en el sector

Aunque las patronales de la industria celebraron la formalización de un marco normativo enfocado en la prevención y la protección del consumidor, dos de las principales organizaciones gremiales, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) y la Asociación de iGaming Responsable (AGR), han alertado de que el apagón publicitario total y la prohibición de promociones comerciales amenazan con desviar el tráfico de usuarios directamente hacia el mercado negro.

La iniciativa gubernamental fija una estructura tributaria que contempla un impuesto específico del 3% adicional a la tasa general del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, el punto de mayor fricción radica en las restricciones de mercado: el texto prohíbe de manera tajante cualquier anuncio o patrocinio de operadores, tengan o no autorización, así como la concesión de bonos de captación o retención de jugadores.

El riesgo de la fuga hacia el mercado ilegal

Desde la aPAL destacaron los avances técnicos incorporados al debate parlamentario, en particular aquellos relativos a la tutela de menores y la mitigación de la ludopatía. Sin embargo, recalcaron que la efectividad de cualquier política de protección depende, ante todo, de garantizar que la demanda elija el canal formal.

«La prohibición absoluta de publicidad y de bonos y promociones afecta gravemente este objetivo. Si las plataformas reguladas no pueden darse a conocer ni ofrecer condiciones competitivas frente a la oferta ilegal, la más importante y primera de todas las condiciones de protección no se habrá cumplido», advirtió la entidad, recordando que la experiencia internacional sitúa la canalización hacia el entorno autorizado como el principio rector de una regulación eficaz. En esta misma línea, el portavoz legal de aPAL, Carlos Baeza, insistió en el peligro del desvío operativo al remarcar que el verdadero reto radica en que los usuarios elijan entornos donde el Estado realmente pueda fiscalizar.

«Regular no es lo mismo que prohibir»

Por su parte, la AGR alertó de que el texto del Ejecutivo incurre en un error de enfoque estratégico al equiparar la cautela regulatoria con la supresión comercial, sosteniendo que una regulación moderna no puede confundir protección con prohibición y que la publicidad debe ordenarse en lugar de eliminarse por completo.

La asociación advirtió además de los daños colaterales que causaría este cierre radical, señalando el impacto directo sobre los ingresos de los medios de comunicación y el patrocinio deportivo, las trabas al desembarco de nuevos operadores con licencia y, principalmente, la invisibilización de la oferta legal. Al carecer de canales de difusión, el usuario pierde la capacidad de distinguir los sitios regulados de las plataformas no autorizadas.

Frente a un veto absoluto, la patronal propone fijar límites estrictos en contenidos, horarios y protección de la infancia, de modo que la publicidad controlada funcione también como herramienta pedagógica de juego responsable. Aunque la AGR respaldó los filtros de acceso al mercado, como el modelo por cumplimiento de estándares técnicos y la verificación rigurosa de edad e identidad, concluyó que la eficacia real de la ley no se definirá en las condiciones de entrada, sino en si las restricciones terminan o no expulsando a los jugadores hacia la clandestinidad.