La Asociación Nacional de Juegos de Lotería de Brasil (ANJL) considera infundadas las alegaciones presentadas por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro en la Acción Civil Pública interpuesta contra 43 casas de apuestas autorizadas.
Según la ANJL, al ignorar los esfuerzos ya implementados por el sector regulado para garantizar una comunicación ética y transparente con los consumidores, la acción ignora la normativa vigente y pone en peligro el progreso institucional que Brasil ha venido construyendo.
Las casas de apuestas mencionadas, representadas por entidades como la ANJL, participaron activamente en la elaboración del Anexo «X» del Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria, publicado en enero de 2024 por el Conar.
La ANJL explica que el documento establece normas claras para la publicidad de apuestas, incluyendo límites a la exposición de menores, advertencias sobre juego responsable, la prohibición de promesas de ganancias fáciles y directrices de responsabilidad social. Todo esto incluso antes de la regulación formal por parte del Ministerio de Hacienda.
Y lamenta que, una vez más, el sector regulado se equipare injustamente con el mercado ilegal, un mercado sin ningún compromiso con la transparencia, la protección del consumidor ni la rendición de cuentas institucional. La generalización promovida por esta acción genera confusión en la percepción pública, desinforma a los apostadores y socava la seguridad jurídica que Brasil necesita consolidar con urgencia.
Por lo tanto, la entidad reafirma su compromiso con un mercado de apuestas justo y seguro, alineado con las mejores prácticas internacionales, y anuncia que actuará en el proceso “para garantizar que la distinción entre legal e ilegal no se desvanezca con una retórica desconectada de la realidad”.