Una iniciativa en la Cámara de Diputados busca fiscalizar el sector para mitigar riesgos de lavado de dinero ante la próxima evaluación del GAFI
El marco regulatorio del juego con apuesta en México enfrenta un nuevo periodo de escrutinio político e institucional. En la Cámara de Diputados se ha presentado una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente que exhorta formalmente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a transparentar de manera integral el estado de los permisos vigentes en el país.
La iniciativa, impulsada por el diputado federal Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, demanda que la Dirección General de Juegos y Sorteos haga pública la información detallada sobre los operadores físicos activos y el número exacto de plataformas electrónicas de apuestas autorizadas que operan en el territorio nacional.
Este movimiento legislativo responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de fiscalización y combatir de manera efectiva las operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la industria.
El argumento central de la propuesta subraya una vulnerabilidad estructural derivada de la falta de un padrón público, completo y actualizado de permisionarios.
Según los informes de la Auditoría Superior de la Federación citados en el documento, entre los años 2019 y 2023 el Gobierno federal otorgó un total de 5.336 permisos relacionados con sorteos y diversas modalidades de apuestas. Al cierre de dicho periodo, el segmento de los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS), denominados casinos de forma común, registraba 51 permisos asignados a 36 empresas operadoras, lo que se traducía en la actividad comercial de unos 422 establecimientos.
Pese al volumen económico de la actividad, que tributa bajo una tasa del 30% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el alto uso de dinero en efectivo mediante el intercambio de fichas sitúa a las salas físicas como un área de alta exposición financiera para la introducción de capitales ilícitos.
La urgencia de esta solicitud de transparencia coincide con momentos de alta sensibilidad internacional para el sistema financiero mexicano. Durante el año 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó un incremento del 14,6% en los avisos de actividades vulnerables ligadas al sector del juego, acumulando más de 351.000 alertas que implicaron la movilización de al menos 25.631 millones de pesos.
A este escenario se añaden las sanciones impuestas a finales de 2025 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a diez salas de juego mexicanas por presunto blanqueo de capitales. El poder legislativo advierte que la opacidad del sector representa un riesgo crítico de cara a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde la efectividad del control estatal será examinada con rigor y podría impactar en la reputación financiera exterior del país.
Asimismo, el punto de acuerdo pone el foco sobre el acelerado crecimiento del canal digital. Estimaciones sectoriales de la consultora Blue Global Gaming para la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) señalan que el mercado de juego online en el país alcanzará un valor cercano a los 970 millones de dólares.
No obstante, la Ley Federal de Juegos y Sorteos data originalmente de 1947, por lo que carece de un régimen específico adaptado a las plataformas electrónicas, aplicaciones móviles o nuevos sistemas de pago digital. Ante este vacío normativo, la propuesta legislativa exige que el Gobierno precise la identidad de los titulares de licencias web, los dominios autorizados y las auditorías ejecutadas, asegurando un entorno de juego ordenado y alineado con los estándares internacionales de cumplimiento.