Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos han rechazado este miércoles, en el Pleno de las Cortes, tramitar la Proposición de Ley que modifica la Ley del Juego presentada por el PSOE al considerar que «criminaliza» al sector.
No obstante, ambos partidos defienden la necesidad de modificar la normativa actual para «modernizarla» de forma consensuada con los agentes implicados en el sector.
En concreto, el procurador socialista Luis Fernández Bayón ha defendido esta iniciativa que se registró en las Cortes el pasado mes de noviembre y se ha centrado en la «proliferación» de las salas de juego en la Comunidad que, como ha defendido, generan «muchos problemas» y atacan a la «gente más joven y vulnerable».
Fernández Bayón ha detallado la situación de estas salas de juego y ha considerado que sólo con ver los recreos de los estudiantes de Educación Secundaria da una idea de la problemática, al tiempo que ha asegurado que estos espacios son «parada obligatoria» de los fines de semana.
Pese a esta situación, el procurador socialista ha dudado de la regulación que prevé impulsar la Junta con su Mesa del Juego dada la «estrecha relación entre el PP y el sector».
No obstante, la procuradora ‘popular’ Leticia García Sánchez ha recordado en su intervención que el juego es «legítimo» en España y ha insistido en que el PP defiende esta actividad siempre «sin dejar» de proteger a los ciudadanos de Castilla y León.
«Creemos en la regulación del juego, tenemos la obligación de hacer un análisis juntos y de proteger al sector», ha defendido, tras lo que ha recordado que en la Comunidad actualmente existen 450 empresas que generan 2.000 empleos.
García Sánchez ha recordado que la Comunidad únicamente tiene competencias sobre el juego presencial y es el Estado el que debe regular el juego on-line y la publicidad. Así, ha garantizado que la Junta va a reformar la Ley del Juego y ha defendido que es cierto que ha habido un crecimiento de los salones del juego en la Comunidad hasta alcanzar los 97, una cifra que, como ha destacado, se sitúa «muy por debajo» de los datos de otras autonomía.
Por último, ha considerado que la Proposición del Ley del PSOE obedece a «mandatos políticos superiores» en referencia al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, tras lo que ha defendido que se trata de un sector «legítimo» que ejerce una actividad. «Huyamos de alarmismos y ayudemos a todos sin perjudicar a nadie desde la adaptación de la norma a los nuevos tiempos», ha concluido.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González ha respaldado la tesis del PP y ha reseñado que el sector del juego «crea empleo» y «genera impuestos» por valor de unos 70 millones de euros, además, como ha defendido, se trata de una actividad «legal» sujeta a una legislación «estricta». Aunque, no obstante, admite que la norma actual necesita una actualización que, ha insistido, debe llevarse a cabo de la mano con el sector. «No se debe demonizar este sector», ha aseverado, tras lo que ha considerado «más razonable» esperar al Proyecto de Ley autonómico.
La Proposición de Ley del PSOE planteaba aumentar de 100 a 500 metros lineales la distancia entre las salas de juego y los centros educativos o bibliotecas; de 300 a 1.000 metros lineales la distancia entre los establecimientos de juego «de cualquier naturaleza» y la separación de las actividades en los establecimiento con más de una.
Asimismo, desde el PSOE se proponía el control de acceso y que las máquinas tragaperras de los establecimientos hosteleros dispongan de un sistema de encendido que obligue a controlar la edad de los usuarios, además de que no sólo se prohibirá a menores jugar sino también a adultos acompañados de menores. Además, recoge una moratoria de 4 años para la aprobación de licencias de nuevos establecimientos y una cuota impositiva adicional del 2% para la recaudación.
